Gastan mexicanos 22 mmdp en medicinas por carecer de seguridad social

MORELIA, Mich., 3 de enero de 2014.-El 40 por ciento de la población en México carece de acceso a la salud pública y como consecuencia de ello se registra un gasto de 22 mil millones de pesos en medicamentos, particularmente entre la población de menores ingresos, apuntó la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social en el Senado de la República, Lorena Cuéllar Cisneros.

La senadora expuso que el reto de la Cámara alta es romper las barreras políticas e ideológicas, así como financieras, para construir una legislación que permita alcanzar una cobertura universal en salud, que dé certeza y certidumbre a todos los mexicanos.

En encuentros con diversas organizaciones de médicos y especialistas, la senadora del Partido de la Revolución Democrática reconoció que es necesario corregir errores en la distribución del presupuesto, que impide que se cumplan los objetivos de programas como el Seguro Popular (SP): dar una atención oportuna y de calidad.

Es evidente, apuntó, que la distribución de los recursos del SP se concentra en regiones urbanas con menos necesidades económicas, en tanto que en zonas de pobreza se registra una sobredemanda y déficit significativo en su calidad, por lo que las personas deben esperar hasta ocho horas para ser atendidas e incluso tienen que conseguir por su cuenta medicamentos y materiales quirúrgicos.

La legisladora reiteró que el Senado debe allegarse de los medios que permitan hacer efectivo el derecho a la salud y que el Estado responda eficazmente a las necesidades de la población, sin restricciones ideológicas, presupuestales o administrativas.

Lorena Cuéllar recalcó que es indispensable dar coherencia al sistema nacional de salud pública para aprovechar al máximo sus potencialidades y convertirlo en un Sistema Único de Salud Pública que atienda con la misma integralidad, calidad, calidez y eficiencia a toda persona que lo requiera, independientemente de dónde esté asegurado, o si carece de beneficio.

Destacó que no se trata de un acto de buena voluntad operado a través de un programa social sexenal ni menos aún de una acción compensatoria y temporal, sino de un derecho social universal que garantiza su ejercicio por medio de una política de servicios públicos bajo la responsabilidad del Estado.