Gobierno dejará de administrar Pemex y CFE; serán empresas privadas

MÉXICO, DF., 9 de julio de 2014.- El gobierno federal dejará de administrar Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, una vez que las empresas paraestatales asuman un marco regulatorio “como si fuesen verdaderas empresas privadas”, según la reforma energética impulsada por el PRI y PAN, lo cual fue calificado por el PRD y el PT como “una entrega del país a intereses extranjeros”, además de que ahora esas empresas “no podrá ser fiscalizadas”.

 

Esto permitirá que tanto Pemex como CFE puedan transferir bienes públicos a empresas privadas de manera directa o indirecta a través de sus filiales, mediante acuerdos avalados por sus respectivos consejos de administración, según lo establecido en el dictamen correspondiente al tercer paquete de las leyes secundarias en energía que las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos del Senado discutirán a partir de este martes.

 

“La iniciativa señala que se requiere una radical transformación de nuestras empresas públicas, a fin de dotarlas de una estructura auténticamente empresarial; concretamente, señala como su objetivo el diseñar a la CFE y a Pemex como si fuesen verdaderas empresas privadas”, señala el proyecto de dictamen publicado en la página del Senado.

 

“La transformación debe partir de la premisa de diseñar una nueva figura separada del resto de las entidades paraestatales, que por regla general están sujetas a un marco jurídico de ‘control burocrático’ poco acorde con fines empresariales”, se detalla en eldocumento. http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-07-07-2/assets/documentos/DICTAMEN-energia.pdf

 

La iniciativa propuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto propone que tanto Pemex como la CFE puedan determinar el número y las características de las empresas que integren su grupo corporativo de la manera más autónoma posible y conforme a sus oportunidades de negocios, mediante un régimen especial de excepción legal.

 

Dicho régimen establece una diferencia entre sus empresas subsidiarias (consideradas como empresas productivas del Estado) y las empresas filiales (creadas conforme al derecho mercantil del lugar de su constitución y no consideradas como entidades paraestatales).

 

De este modo, las adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras de Pemex y CFE serían regulados por un marco jurídico “flexible, bajo los principios del derecho privado y la mínima regulación”.

 

La iniciativa propone transformar el papel del Estado mexicano al interior de las empresas productivas con el fin de que “el gobierno federal deje de ser su ‘administrador principal’ y se asuma como ‘propietario’”, es decir, “que el gobierno se retire de la administración de las empresas”.

 

Esto significa que Pemex y CFE dejarán de regirse por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas e incluso la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

 

Este último punto cobra particular relevancia debido a que la reforma energética otorgará mayores facultades a los consejos de administración de Pemex y CFE, cuyos integrantes no serán considerados como servidores públicos.

 

Esto significa que el gobierno cederá la administración de Pemex y CFE a funcionarios que contarán con un régimen de excepción similar al que utilizan las filiales privadas de Pemex, tal como ocurre con las empresas de Grupo PMI.

 

“De esta manera, la iniciativa sugiere que nuestras empresas se sujetarán en primer lugar, por lo que establezcan sus leyes y por lo que determinen sus respectivos consejos de administración; en segundo lugar, y de manera supletoria, por el derecho civil y mercantil, y no por el administrativo”, señala el documento.

 

La iniciativa establece que los consejos de administración de Pemex y CFE estarán integrados por 10 miembros.

 

Los cinco consejeros independientes de Pemex y los cuatro de CFE serán propuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado. El resto será nombrado de manera discrecional por el presidente de la República.

 

Los artículos 43 de la nueva Ley de Petróleos Mexicanos y el 42 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad conferirán poderes especiales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro de los consejos de administración de Pemex y CFE para regular el salario de los consejeros y supervisar el cumplimiento de resultados.

 

Esto significa que el gobierno federal mantendrá el control de los consejos de administración de Pemex y CFE, aun cuando legalmente dichas empresas mantendrán su propia autonomía de gestión.

 

 

Posturas encontradas

 

El nuevo modelo energético impulsado por el PRI y el PAN, ha desencadenado el rechazo de los legisladores de oposición, tal como ocurre conel coordinador del Partido del Trabajo en el Senado, Manuel Bartlett, para quien el dictamen plantea la privatización y desmantelamiento de las empresas energéticas, lo cual representa una entrega del país.

“La reforma de Calderón empezó con esos comités y les autorizaron a Pemex que contratara todo. Empezaron a entrar las empresas en este sistema de corrupción generalizado. Consolidan ese sistema, le dan una característica de régimen especial a las dos empresas que las hacen privadas.

 

“Eso es privatizar, porque la regulación ya no la establece el derecho público sino el derecho privado. Las privatizan. Si una empresa que era pública la pones bajo legislación privada y dejas al Estado como propietario mientras nombran a unos consejeros que tienen plenos poderes para hacer lo que quieran, vender, hipotecar, comprometerse. El camino a la privatización es claro. Esa es la gran mentira de Peña Nieto, con dolo contra el país”, señala Bartlett.

 

“Las empresas públicas que se van a privatizar van a hacerse más chicas para que entren los extranjeros y van a ser destruidas nada más con lo que dice aquí en el dictamen. La entrada de las empresas trasnacionales extranjeras es una pérdida de soberanía, no solo tiene que ver con el petróleo que se van a llevar, sino que se van a posesionar del territorio nacional con una serie de derechos contra los propietarios mexicanos. Es una entrega del país”, agrega.

 

 

En tanto, para el PRD “Pemex o CFE van a tener consejos cuyos integrantes, la mitad de ellos, dejarán de ser considerados servidores públicos. Y si no son servidores públicos no aplica la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos y por lo tanto se les otorga inmunidad”, ironiza, medio en serio, medio en broma la vicecoordinadora de ese instituto político en el Senado, Dolores Padierna.

 

De acuerdo con la legisladora, la reforma también abre la puerta para que el Fondo Mexicano del Petróleo, “donde iría a parar la renta petrolera, estará exento de la Ley de Fideicomisos Públicos, es decir, que no podrá ser fiscalizado”.

 

“Tampoco aplicará la fiscalización en dos cosas bien importantes que se llama en la ley empresas instrumentales o vehículos financieros, que son las filiales de Pemex. A Pemex le van a abrir tantas filiales o vehículos financieros como consideren ellos, y ninguno estará sujeto a fiscalización. Así ha venido operando PMI, abriendo empresas que no entregan el recurso a la tesorería de la federación. Este modelo es lo que van a imponer en todo”, agrega Padierna.

 

En contraparte, el priísta David Penchyna, presidente de la Comisión de Energía del Senado, sostiene que las 50 modificaciones realizadas en el Congreso a la iniciativa presentada por Peña Nieto se centran en mejorar la rendición de cuentas bajo un nuevo modelo energético.

 

“Es un modelo jurídico ad hoc, específico para un nuevo modelo energético, que es lo que implica el mandato constitucional que aprobamos en diciembre pasado. Es un modelo innovador, propio, de características específicas con estándares internacionales”, señaló Penchyna.

 

“Habrá elementos de un nuevo modelo público-privado que es el que mandata el nuevo modelo constitucional”, agregó.

 

En términos de rendición de cuentas y transparencia, la iniciativa señala que Pemex y CFE “estarán obligadas a revelar información actualizada sobre su situación financiera, administrativa, operacional económica, así como sus riesgos, en los términos del artículo 104 de la Ley del Mercado de Valores”.

 

Esto, a pesar de que la rendición de cuentas eliminará la obligación de presentar informes que las paraestatales actualmente entregan al gobierno federal.

 

“Si bien la transparencia y la vigilancia sobre las empresas es de suma importancia, también es necesario permitir que aquellas actúen y operen de la manera más eficaz y eficiente posible, sin que estén sujetas a excesivos trámites meramente burocráticos. Por ello, se elimina la obligación de presentar ciertos informes”, tal como ocurre con los informes trimestrales de Pemex y CFE, según se explicó en el texto que se discutió en este martes en el Senado.

 

Se prevé que la Cámara Alta desahogue el debate de la reforma energética en comisiones para que la iniciativa sea presentada y votada en el pleno a fines de julio o principios de agosto.