Denuncian intento de secuestro de niña en Playa del Carmen
MÉXICO, DF., 30 de agosto de 2015.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Angélica de la Peña, destacó que el durante los dos sexenios anteriores y lo que va del actual, el gobierno federal ha ignorado las denuncias hechas por la sociedad civil organizada y las recomendaciones efectuadas por organismos internacionales sobre la materia con “terribles consecuencias”.
“El Estado mexicano se ha negado a reconocer la magnitud del fenómeno de la desaparición de personas y rehuido a su responsabilidad de tomar las medidas necesarias para enfrentarlo, por lo que es corresponsable del recrudecimiento de una problemática que ha dejado miles de víctimas a lo largo y ancho el país”, aseveró la legisladora perredista a través de un posicionamiento.
De acuerdo con cifras de Amnistía Internacional, desde 2007 en México han desaparecido o están en paradero desconocido en México casi 25 mil personas, cerca de la mitad de ellas durante el actual gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o Extraviadas, 11 personas desaparecen diariamente.
En este contexto, De la Peña Gómez, recalcó que Amnistía Internacional ha denunciado que durante la actual administración federal han ocurrido 12 mil 500 desapariciones, una situación tan grave que ha colocado a México a lado de naciones como Gambia, Siria, Sri Lanka y Bosnia y Herzegovina, donde la desaparición forzada es sistemática.
«Gobiernos de todas las regiones del mundo, desde Siria hasta México y desde Sri Lanka hasta Gambia, podrían tener a centenares de personas, e incluso miles, recluidas en secreto, pues las autoridades continúan sometiendo a hostigamiento e intimidaciones a quienes buscan a sus familiares desaparecidos», ha señalado el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty.
Además, la legisladora titular de la Comisión de Derechos Humanos del Senado indicó que luego de la aprobación de la reforma del artículo 73 constitucional el Congreso de la Unión está obligado a iniciar el proceso legislativo para normar la desaparición forzada y la tortura, para lo que dijo, deberán contemplarse la coordinación entre las autoridades responsables de la seguridad pública en los tres órdenes de gobierno para prevenir e investigar adecuadamente la desaparición de personas; un programa nacional de búsqueda de personas que cuente con un protocolo de acción inmediata y garantizar el derecho a la reparación integral a las víctimas.
Finalmente, recalcó que se privilegiará la presunción de vida en la elaboración de los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas y se incluirá la figura de declaración de ausencia por desaparición a fin de garantizar la continuidad de la personalidad jurídica de la persona desaparecida con validez en todo el territorio nacional, de tal manera que las familias de las víctimas gocen de todas las garantías.