También voy a enviar una carta al presidente Trudeau: Claudia Sheinbaum
MÉXICO, DF, 19 de febrero de 2015.- Sepultada la discusión en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) sobre la Norma 26 de vivienda social para el periodo extraordinario que se realizará este jueves, la diputada Gabriela Salido, del Partido Acción Nacional (PAN), hizo un análisis sobre quiénes la impulsaban.
“Lo único que te puedo decir es que la insistencia era por parte del diputado Manuel Granados (presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea) y por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi). La verdad es que no podría decirte que respondía a algo en particular pero de ahí venía la insistencia”, dijo en entrevista con Quadratín.
Recordó que incluso el titular de la Seduvi, Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez se reunió con la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la ALDF cuatro ocasiones en una semana y media para hablar del tema.
“Eso fue súper excepcional”, señaló la panista.
Cuestionada sobre si había una tendencia para impulsar la Norma 26, responde que no sabe si era así.
“Quiero creer que si estaba a propósito en las sesiones de trabajo, era porque tiene cierto interés particular en que el proceso avance”, agregó.
Respecto a si veía a desarrolladores inmobiliarios como interesados, contestó que no identificó a nadie en específico de ningún sector. Más bien consideró que el interés proviene del Gobierno del Distrito Federal para impulsar una política en materia de vivienda con criterios discrecionales.
“La posición de Acción Nacional en ese sentido es muy sencilla: sí se requiere impulsar el tema de vivienda popular, pero con criterios claros y transparentes ante la ciudadanía”, expuso.
Salido explicó que de haberse aprobado la Norma 26 como venía en el anteproyecto que causó la inconformidad de grupos demandantes de vivienda social, la ciudad hubiera cambiado su rostro en tres o cuatro años y no necesariamente a un mejor rostro.
“No quedaba con claridad la definición del territorio donde se aplicaba, porque aunque en primera instancia al leer la propuesta parecía que era en todo el Distrito Federal, sí había ciertas partes especificadas que no serían consideradas, pero lo que sí creemos es que no puede ser una norma generalizada para la verticalización sin un análisis más profundo, sobre todo en términos de protección civil y de las condiciones de garantizar la seguridad de los residentes de las diferentes zonas de la ciudad”, indicó.
Otro punto cuestionable fue que se le estaba dando un impulso particular a la vivienda en renta sin una justificación clara.
“Acción Nacional solicitó en reiteradas ocasiones la documentación que avalaba la propuesta del gobierno respecto a edificios que tuvieran los beneficios que daba la norma en materia de desarrollo para materia en renta para cinco años, pero jamás pudieron darnos el criterio de por qué para cinco años”, criticó.
La asambleísta dijo que el gran debate es la vivienda en la ciudad de México, pero que esto no se puede hacer sobre las rodillas.
“El gran problema es que cuando tienes un debate de este tipo y estás respondiendo solamente a un interés económico llámele como le quieras llamar y no estás cubriendo expectativas sociales ni urbanísticas ni de seguridad, que son cosas en las que insistimos tanto. Por otro lado cómo garantizar que los beneficios de una Norma como la 26 no sean otorgados a alguien que después va a incumplir la norma, utilizándola solamente a capricho como sucedió con la propia 26”, concluyó.