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XALAPA, Ver., 7 de junio de 2014.- La periodista y administradora de la Casa de Protección de Periodistas, Sara Lovera, aseguró que durante el año pasado se presentaron 330 agravios contra periodistas de todo tipo.
Explicó que esta cifra representa un incremento del 59 por ciento en comparación con las que se presentaron en el 2012.
“Las cifras que tenemos en la Casa de los Derechos del Periodistas, es que en el 2013 se registraron un total de 330 agravios de todo tipo contra periodistas, 27 por mes, lo cual representó un 59 por ciento más que el año anterior”, manifestó.
En ese sentido, detalló que el año pasado ocurrieron 8 asesinatos y tres desapariciones de personas ligadas al ejercicio periodístico, pero en este año ya se tienen reporte de quince mujeres amenazadas de muerte como Anabel Hernández, Carmen Aristegui, Denise Dresser, Lidya Cacho, Ana Lilia Pérez, entre otras tres que se convirtieron en desplazadas del estado de Hidalgo.
Sin embargo, la periodista reconoció que en algunas regiones del país se publican notas de diferentes tipos sin un sustento real, lo que da pie a los rumores y por lo tanto a los ataques hacia los periodistas.
“La profesionalización es una de las formas en que los reporteros evitan ponerse en riesgos innecesarios, un periodismo lleno de adjetivos da pie a los rumores que a veces acaba con el estima de las personas”.
Consideró que el mejor antídoto contra la violencia o inseguridad en contra del ejercicio periodístico es el profesionalismo, el tema del dato exacto, así como de la investigación correcta es la mejor autodefensa ante una situación de violencia.
“Desafortunadamente los asuntos de periodistas asesinados o acosados no se resuelven con comisiones especiales, sino con voluntad política, lamentablemente en nuestro país solamente el 3 por ciento de los delitos se resuelven en general, no solamente los feminicidios, sino en general. Ante la elevada criminalidad que se tiene en el país, no únicamente hacia el gremio, sino a la sociedad en general incluso contra las mujeres, los periodistas tenemos la obligación de intentar contar las cosas de manera plural, informada y sustentada”, concluyó.
En Veracruz también hay casos
La madrugada del 14 de septiembre de 2013, alrededor de las 2:00 horas, decenas de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), desalojaron a maestros que se manifestaban en la Plaza Lerdo, en protesta por la Reforma Educativa impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto.
De acuerdo a testimonios, policías armados con garrotes, pistolas con balas de goma y bastones eléctricos arremetieron contra mujeres que se resistían a irse; a algunas las golpearon con los garrotes, a otras las amedrentaron con toques eléctricos.
Roger López, Raúl Méndez, Melina Zurita y otros tantos trabajadores de medios de comunicación también fueron golpeados.
Melina Zurita recordó que varios policías la rodearon, destruyeron su cámara, se llevaron parte de su equipo, sus teléfonos y la golpearon con toletes, mientras un sujeto le dio varias patadas en el cuerpo. La mujer fue retirada del lugar casi inconsciente.
Jorge Morales, quien forma parte de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (Ceapp), envió mensajes asegurando que Melina había desaparecido. Sin embargo, según recuerda ella, en ese instante estaba cautiva, secuestrada por presuntos policías que seguían insultándola y amenazándola de muerte.
Otro reportero y fotógrafo de Imagen, Roger López, corrió varias cuadras perseguido por otro elemento de Seguridad Pública. Lo alcanzó cerca del Cuartel San José. Allí, le quitó su cámara; sin embargo, él ya había sacado la memoria del aparato. Fue amenazado de muerte, al igual que al resto del grupo que se encontraba en Plaza Lerdo.
Los reporteros denunciaron los hechos y poco después levantaron denuncias que jamás fueron atendidas.
Aunque la Ceapp ha colaborado en el tema, no ha logrado mucho. De hecho, los policías siguen siendo los más denunciados ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de acuerdo a la propia institución. El propio gobernador Javier Duarte asegura que ya hay una policía más capacitada.
Así también, una reportera de un periódico local fue empujada por un agente del Ministerio Público que acudió a dar fe de la muerte de la jovencita Alondra Córdoba Vargas, quien murió tras ser golpeada por un árbol que está en la Escuela Secundaria Técnica No. 3, en esta capital.
Delia Riveros formaba parte de un grupo de reporteros a los que no se les permitió el ingreso al plantel tras la muerte del estudiante. Un sujeto, presunto trabajador de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) la agredió.
La mujer fue empujada y estuvo a punto de caer al suelo; sin embargo, fue auxiliada por sus compañeros quienes le recriminaron su accionar al funcionario.
Además, de acuerdo a versiones de los comunicadores no sólo hubo hermetismo tras el accidente, sino que también el propio alcalde Américo Zúñiga Martínez ordenó que los reporteros no ingresaran al plantel.
Trascendió que, presumiblemente, el edil solamente solicitó la presencia de los reporteros de Televisa.