Historias Surrealistas/J. Velázquez Flores

Arely Gómez y los venezolanos

El caso de los dos profesores universitarios de Venezuela que están presos en México desde hace tres meses, como presuntos responsables de introducir estupefacientes, puede trascender nuestras fronteras para convertirse en un asunto que sea presentado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), situación que en nada favorecería la deteriorada imagen de la procuradora general de la República, Arely Gómez.

Es la historia de los ciudadanos y profesionistas venezolanos, Alexandra María Colmenares Ávila y Claudio Enrique Contreras Ochotegui, quienes llegaron de vacaciones a nuestro país y están presos en penales de alta seguridad de México, acusados de introducir droga en una maleta… que no era suya.

El abogado mexicano Germán Cruz Gómez, vocero de la familia Contreras Colmenares y coadyuvante de la defensa en el caso, colocó en la plataforma change.org una petición para denunciar ante la CIDH, la serie de irregularidades cometidas en contra de los profesionistas y catedráticos venezolanos.

El 20 de noviembre de 2015 los esposos Contreras Colmenares arribaron al Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México, con la idea de pasar las vacaciones de fin de año con familiares. Fueron invitados con todo pagado por parientes que hicieron un esfuerzo económico con tal fin.

Como lo informó Quadratín México, los momentos que pensaron gratos se volvieron una pesadilla, cuando personal de Aduanas de la terminal aérea les indicó que en una maleta, supuestamente propiedad de la profesora Colmenares se había detectado droga.

En su denuncia, el abogado Cruz Gómez subraya que los agentes aduanales Melitón Zapata Moreno, Nancy Suárez González, Paul Marrinque Miranda y Guadalupe Medina Sánchez, señalaron que en una maleta había droga y le adjudicaron la propiedad a la profesora Colmenares. Los esposos fueron trasladados por separado a penales de alta seguridad.

Sin embargo, en el expediente saltan irregularidades que en cualquier juzgado del mundo harían que el caso fuera sobreseído de manera expedita.

En el documento, en el que también se pide la intervención de la titular de la PGR, se menciona que la maleta de la profesora se encontraba plastificada desde que salió del aeropuerto de Caracas y la que les fue mostrada no estaba emplayada, además de no contar con ruedas ni manija, que la verdadera sí tenía. Algo por demás extraño es que no había ningún representante de la aerolínea Avianca, en la que viajaron de Caracas, Venezuela, con una escala en Bogotá, Colombia, a pesar de que solicitó su presencia para aclarar la situación.

Y Cruz Gómez respalda las sospechas: “desde hace mucho tiempo el dueño de Avianca y Taca ha tenido repetidas ocasiones este tipo de eventos de droga en sus aeronaves, lo cual resultaría ilógico decir que no tienen responsabilidad penal”.

De manera totalmente irregular, los agentes aduanales no han comparecido ante el juzgado que conoce de la causa penal, con la intención de dilatar el proceso perjudicando a los presuntos responsables, lo que causa un daño irreparable, enfatiza el abogado.

Dentro de la larga cadena de irregularidades en el caso, se menciona que los aduanales indicaron en su parte informativo que nunca tuvieron contacto con la maleta, cuando en realidad en el video entregado por las autoridades aeroportuarias se observa a las 20:56 horas a dos agentes escoltar a los venezolanos. Los aduanales cargan  una maleta ya desarmada y cortada.

“Casi transcurrieron 36 minutos en donde pudieron manipular e incluso ellos mismos alterar las pruebas o, en su defecto, pudieron introducir la droga para justificar su trabajo para obtener una estadística, más no a los verdaderos responsables”, argumenta Cruz Gómez e indica que por más de cuatro horas los agentes no dieron aviso al consulado o embajada de Venezuela.

Para enturbiar más las cosas, los agentes, funcionarios dependientes de la Secretaría de Hacienda, sostuvieron que la declaración aduanal de Alexandra María se había extraviado, con lo cual fue muy clara la destrucción de la evidencia que podría favorecer a la presunta culpable.

En su documento, Cruz Gómez urge a la fiscal de la nación para que no se siga dilatando el procedimiento en contra de los profesionistas venezolanos, de quienes se violaron todos sus derechos, con la finalidad de que se esclarezca la verdad de los acontecimientos.

EL CALVARIO DE  GONZALO

“Sembrar” droga en aeropuertos de todo el mundo es ya una práctica común en los cinco continentes, mediante un mecanismo que involucra no sólo a grupos delincuenciales internacionales, sino a autoridades aeroportuarias, policiacas y migratorias de diversos países.

Para el joven mexicano Gonzalo Contreras Rincón iniciar un negocio de importación y exportación le causó una gran alegría, porque eso, sin duda, cambiaría su vida para bien y sí, se la transformó para siempre, pero de manera lamentable para él: en el primer cargamento de mármol que gestionó para vender en España se introdujo cocaína y fue culpado en ese país de delitos contra la salud.

Nacido en Querétaro, Gonzalo vivía en España después de haber estudiado en la Universidad del Valle de México y finalmente, como parte de un programa de intercambio académico, titularse en la Universidad de Madrid, como licenciado en Comercio Internacional, para posteriormente estudiar una maestría en Comercialización de Vinos y Licores.

En 2012 recibió la propuesta de un amigo y ex compañero universitario para importar mármol. El

10 de octubre de ese año llegó el primer cargamento del producto,  pero grande fue la sorpresa, cuando el muchacho detectó que el contenedor marítimo que contenía la carga estaba abierto, el  mármol destrozado y se le acusaba de introducir cocaína hallada en el interior.

Fue encarcelado y hasta dos años después, en noviembre de 2014, el Juzgado de Distrito en Valencia le dictó sentencia por 9 años de prisión por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud pública. 

¿Por qué habría un joven que empezaba a ser empresario a arriesgarse a introducir droga a España, si era fácilmente localizable? Las irregularidades en el caso eran evidentes y fueron presentadas por la defensa. Especialmente resultaba sospechoso que el contenedor no fuera abierto en la presencia del universitario, como debió hacerse, sino que se le inculpó del contenido de una carga que fue manipulada horas antes. Más bien parecía un chivo expiatorio para tener un culpable a toda costa.

La madre del muchacho, Iliana Rincón, libró una batalla legal y subió su caso a la plataforma change.org, en donde ha logrado más de 30 mil firmas de adhesión a favor de la libertad de Gonzalo. Iliana informó que recientemente pudo entregar un escrito al Presidente Enrique Peña Nieto, pidiendo ayuda para su hijo. Autoridades del consulado mexicano lo visitaron en la prisión de Aranjuez, en donde se encuentra  y le comunicaron que están pendientes de su caso y en contacto con su abogado de España.

Iliana afirma que esto sin duda significa que las cosas están avanzando y muy pronto todo podrían dar un giro positivo que permita demostrar la inocencia de Gonzalo y que salga de prisión.

Los casos se repiten en muchos países, personas sin antecedentes penales, que son residentes o viajan por vacaciones, estudios o trabajo, de manera inesperada descubren con sorpresa que se le inculpa de la posesión de droga “encontrada” en maletas que en ocasiones ni siquiera son de su pertenencia. De un plumazo se acaba con la vida de hombres y mujeres que demuestran una manera lícita de ganarse la vida.

La madre de Gonzalo se aferra a su defensa legal y confía, desde su casa en Querétaro, que en 2016  el joven no cumpla su cuarto año en la prisión española. En Venezuela, los familiares de los profesores universitarios esperan que los tribunales mexicanos realicen un juicio justo y finalmente decreten la libertad de los inculpados en un caso plagado de anomalías.

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