Eliminar autónomos, un autoengaño/Bryan LeBarón
El manto protector para los Cerdos de Veracruz
El agobiante calor de Veracruz hizo que del rostro del gobernador Javier Duarte de Ochoa resbalaran gruesas gotas de sudor. El mandatario miraba compasivo a la mujer de la tercera edad que le relataba como su nieta, estudiante de 16 años, había sido abusada por cuatro individuos que dijeron ser sus amigos.
Las manazas del político priísta tocaron delicadamente el brazo de doña María Elena Bretón de la Cruz, abuela de la chica abusada y, con un tono de voz, mezcla de severidad y firmeza, el gobernante le afirmó a la señora que en el caso de la chica se haría justicia y los responsables serían castigados.
Esa plática, a fines de marzo pasado, quedó grabada en la mente de la abuelita de Daphne Fernández, como si se hubiera tratado de una garantía de que los violadores de su nieta, serían llevados ante la justicia.
Duarte de Ochoa no visitó sólo la casa de la señora Bretón de la Cruz, conocedor del impacto mediático de su promesa. Fue acompañado por elementos de su equipo de Comunicación Social, como si se tratara de un evento equiparable en importancia a cualquier acto oficial.
Naturalmente las fotos del mandatario estatal con la señora fueron distribuidas ampliamente entre los medios periodísticos veracruzanos y nacionales, los cuales han difundido ampliamente el caso de Daphne.
En su cuenta de Twiter, el gobernador presumió la visita con la abuela materna de la estudiante, como si se hubiera reunido con toda la familia de la afectada e incluso llegó a utilizar el sobrenombre con que se conoce públicamente a los presuntos violadores de la muchacha, al escribir el hastag #CasoPorkys.
La señora Bretón de la Cruz participó en la marcha, en la cual miles de veracruzanos exigieron el encarcelamiento de los juniors veracruzanos: Enrique Capitaine, Jorge Cotaita Cabrales, Gerardo Rodríguez Acosta y Diego Cruz Alonso. El primero de ellos es hijo del ex alcalde de Nautla, Felipe Capitaine y los demás son vástagos de hombres de negocios de la entidad.
Javier Fernández, padre de la afectada, y quien hizo pública la denuncia por la violación sufrida por su hija en enero de 2015, dijo que la reunión de Duarte con la abuela de Daphne, su ex suegra, no ha arrojado resultado alguno.
“Me hubiera gustado que el gobernador hablara conmigo”, señaló el señor Fernández.
La organización Anonymous subió a la red un video en el cual señala que dará a conocer detalles de la fortuna formada por los familiares de los inculpados. En respuesta, también en redes se pudieron leer mensajes presuntamente efectuados por familiares de los juniors, abiertamente amenazadores algunos de ellos.
“Se van arrepentir malditos por meterse con mi familia”, señalaba alguno de ellos en abierto desafío a Anonymous, en una lucha de dimes y diretes que se libra en Internet.
La promesa de Duarte es poco menos que una bola de humo. De acuerdo a la legislación de Veracruz, el Fiscal Estatal, goza de total autonomía y no depende ni forma parte del ejecutivo estatal.
¿En carácter de qué, garantiza Duarte justicia en este caso, si a partir de enero de 2015 desapareció la Procuraduría General del Estado de Veracruz para dar paso a la Fiscalía General, con carácter de autonomía?
De ahí, que la promesa de Duarte de Ochoa resulte menos que risible, en una relación de poderes, en la cual pretendidamente el gobernador no puede influir en la actuación de la fiscalía.
La visita del gobernador Duarte, entonces, es más una muestra de cinismo, que de una correcta actuación por parte de un mandatario preocupado porque se respete el estado de derecho. Fue evidentemente un acto político para tratar de componer un poco su deteriorada imagen pública.
Evidentemente, Duarte prefirió reunirse con la abuela de Daphne, a quien pudo prometer cosas que no puede cumplir, en lugar de hacerlo con el padre de la afectada y principal promotor de la demanda en contra de los juniors, conocidos en redes sociales como “Los Porkys de la Costa Verde”.
Quizá más agobiado por las presiones mediáticas, el Fiscal General de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, asegura que en las próximas horas se determinará la situación legal de los denominados Porkys.
Durante casi un año, después de que el padre de Daphne presentara la denuncia en mayo de 2015, el caso no avanzó, pretextando que aún se carecía de pruebas evidentes para inculpar a los juniors, especialmente porque, dijo la voz oficial, el video en el que se ve que aceptan su responsabilidad en esa salvajada no puede ser considerado como una prueba fehaciente de la violación.
Si se gira orden de aprehensión en contra de los juniors –en la práctica está lejos de cumplirse– necesitarían ser muy tontos ellos y sus acaudaladas familias muy faltas de imaginación para permitir que regresen del extranjero, en donde actualmente dos de ellos ya se encuentran, de acuerdo a lo ha trascendido en los últimos días.
Casi un año después de presentada la demanda, ¿es tiempo de aprehenderlos en ese estado?
¿Es tiempo aún de detenerlos pronto, señor fiscal?