Hojas Perdidas

Tragedia de Iguala: errores propios y ajenos

La factura de la tragedia de Iguala ha resultado muy alta para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la muerte de 6 normalistas de Ayotzinapa y desaparición de 43 de sus compañeros colocó a México en el ojo del huracán mediático que arrasó en un santiamén con la buena fama que comenzaba a tener el México de las reformas peñanietistas dentro y fuera del país.

Con una matanza de presuntos delincuentes atribuida a soldados en Tlataya y un movimiento estudiantil al alza en el retrovisor, el equipo de inteligencia, seguridad y policial del presidente no da pie con bola. Desde los sótanos del poder se filtró tardíamente información sobre lo putrefacto del maridaje entre las bandas criminales y la mafia política, el caso de Iguala es emblemático por la acción salvaje, sinrazón, de Guerreros Unidos y policías municipales-sicarios, pero nadie habla en estos días de cuántos municipios más de Guerrero y otros lugares de México están –de una y otra forma– penetrados y quizá controlados por bandas delictivas que echaron el guante a las alcaldías de una y otra forma. Quizá, en algunos casos, con la máxima de plata o plomo.

A más de un mes, las pesquisas de los investigadores no han logrado armar un caso con pistas convincentes. Han conseguido, a decir de las autoridades, que los delincuentes delinearan la forma en que los estudiantes fueron emboscados, acribillados, secuestrados y desaparecidos, e incluso cómo fueron entregados a los criminales Guerreros Unidos. Sin problema, consiguieron arrancar a varios sicarios la ruta de la tragedia y uno de sus jefes atribuyó la orden del crimen al ex alcalde de Iguala. No es poco, pero además de las declaraciones de criminales, hay poco, bien poco.

El móvil es nebuloso, la idea que el alcalde José Luis Abarca ordenó la acción porque pensó que los normalistas iban a boicotear la noche del lanzamiento de su esposa para sucederlo. Al parecer, los tiempos no coinciden, los normalistas salían de Iguala, ya se habían saltado el festejo, además que la operación policiaco criminal en su contra al parecer fue planeada hasta el último detalle y no fruto de la improvisación para satisfacer al “jefe”.

Si los trabajos policiales han logrado que los delincuentes hablen sin mayores problemas, cómo es posible que no hayan cantado qué pasó realmente con los jóvenes de Ayotzinapa. Será que fueron secuestrados, torturados, asesinados y cremados como dice el sacerdote Alejandro Solalinde, habrá alguna razón para que la PGR no haya revelado lo que declaró el ministro de culto y que había dicho que sabía dónde estaban. O será cierta la versión que ha dado el nuevo gobernador Rogelio Ortega y existen posibilidades que estén vivos. Ni Solalinde ni Ortega han identificado sus fuentes ¿Estarían las autoridades en la obligación de obligarlos a revelarlas para avanzar en la búsqueda de los estudiantes?

Al gobierno de Peña Nieto lo tienen contra las cuerdas, los reclamos más que justos de los deudos, familiares y amigos de los normalistas, pero también la evidencia que sus equipos de inteligencia, seguridad y policial parecen dar palos de ciego y no tener otras pistas que seguir que los dichos de delincuentes. También le han llevado allí las fallas de los partidos para elegir a sus candidatos y su falta de cultura política para no encubrir a delincuentes.

Sin respuestas que dar a padres de las víctimas, ni poder atender las demandas de justicia de una sociedad indignada y desesperada, el gobierno ha dejado de actuar en varios campos más y las acciones violentas y desafiantes de grupos que se amparan en la protestas por la tragedia de Iguala actúan con impunidad, saben que el gobierno –al menos en este momento- no detendrá las hordas vandálicas. Esa es la receta, las autoridades no pueden dejar hacer a delincuentes que incendian, abren casetas de peaje, saquean tiendas y muchas cosas más con la bandera del reclamo social.

Mal y de malas

Las olas de violencia de una izquierda vieja y antidemocrática son cosa común en las Hojas Perdidas, en más de una hay relatos sobre cómo destruyen, agreden o humillan, siempre se libran de la aplicación de la ley, saben que los gobernantes de la ciudad de México o Oaxaca a veces parecen más cómplices que autoridades encargadas de frenar a los violentos. En un borrador, se lee el temor que el reclamo surgido de Iguala se convierta en una amenaza social…