Hojas perdidas

¿Después de ocupar los cuarteles qué sigue…?

Los padres, compañeros y grupos radicales solidarios con los desaparecidos de la normal de Ayotzinapa mantienen en jaque al gobierno. Su justa demanda de justicia les ha permitido realizar todo tipo de abusos que a otros ciudadanos ya les habría costado la libertad. Nadie puede estar en contra de su bandera de lucha “que aparezcan  vivos” los estudiantes, pero tampoco se les puede conceder patente de corso para tomar por asalto calles, edificios públicos e intentar entrar por la fuerza a un cuartel militar.

Las autoridades toman nota de los actos vandálicos cometidos por los padres y compañeros de los normalistas, se resisten a detener sus ataques, y los policías estatales, municipales y federales que atestiguan los desmanes son meros “invitados de piedra”, tal parece que tienen órdenes de no  hacer nada. Camiones robados, vehículos quemados, soldados golpeados y otros hechos delictivos no son suficientes para que algún cuerpo policiaco detenga a los agresores en flagrancia, seguramente porque hay la decisión de no dar motivos al enojo peor de los inconformes.

A la fuerza ilegal, esa que desatan quienes buscan justicia, el gobierno responde con moderación, advertencias de aplicar la ley, mismas que no llegan a cumplir, lo que sí hace con las peticiones de los demandantes. Ahora los padres de los desaparecidos cuentan con un pase para  supervisar el cuartel militar de Iguala, donde suponen que podrían estar los desaparecidos o encontrar alguna pista que les lleve a su localización. Pero no hay prueba que el Ejército haya participado en el la tragedia de Iguala.

Los voceros de los protestantes reconocen que no acusan a los militares de la desaparición, pero quieren que se les investigue, desean entrar a todos los cuarteles militares de Guerrero, aunque al principio querían carta blanca para entrar libremente a toda instalación castrense en todo México. Si no tienen en la lista de acusados a los solados qué pretenden, realmente descubrir algún resto de sus familiares o a alguno de sus compañeros con vida, quizá simplemente calentar su movimiento que con el paso de las semanas se enfría y deja de tener todos los reflectores de la opinión pública encima.

El gobierno ha aclarado que la licencia a los padres y compañeros de los normalistas desaparecidos es para que entren al cuartel de Iguala, nada más. Ahora, pretenden negociar y poder revisar todas las instalaciones del estado de Guerrero. No hay duda que los padres quieren a sus hijos sanos y salvos, pero también que con este tipo de demandas tratan de no perder público, pero para esto necesitan seguir en el radicalismo y seguir cometiendo actos que violan la ley y que, sin embargo, no son castigados por las autoridades para no dar al movimiento político creado en torno a la tragedia de Iguala mártires, es decir ni un preso que puedan reclamar como político ni mucho menos un muerto.

La táctica del gobierno parece buena, en espera que las acciones de los padres y normalistas se diluyan, pero hay un problema, más allá de las segundas intenciones políticas de los radicales, existe en México un verdadero reclamo de justicia, una exigencia porque la desaparición de los normalistas no desaparezca entre los discursos oficiales y los reclamos vandálicos. 2015 es un año electoral, en el que hay prisa por dejar atrás las páginas negras, lo que no será posible sin un acto de justicia que convenza a la sociedad en su conjunto.

Hojas perdidas

Algunos datos apuntados a la carrera en una hoja perdida dejan ver que cuando las autoridades no aplican la ley como es su deber, los problemas locales se convierten en nacionales y abren la puerta a que mafias gremiales (CNTE y otras siglas) y criminales ocupen los vacíos de autoridad. En estos papeles hay muchas, muchas referencias a la situación que viven Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas y, desde luego, Guerrero.