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MÉXICO, DF, a 24 de marzo de 2015.- El Consejero Jurídico del GDF, José Ramón Amieva, informó que impugnará la serie de amparos promovidos por un grupo de organizaciones civiles en contra de tres artículos de la Ley de Movilidad.
Asimismo señaló que se encuentran a la espera de la resolución que emita la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a una impugnación promovida por la Comisión de Derechos Humanos capitalina sobre esos tres mismos artículos.
Explicó que fue el lunes cuando el Juzgado 8º de Distrito determinó la inconstitucionalidad de los artículos 212, 213, y 214 de la Ley de Movilidad, por dos cuestiones básicamente.
La primera, dijo, por la prohibición “en el uso de las vías primarias a efecto de realizar manifestaciones, marchas y concentraciones”, explicó.
La segunda acción de inconstitucionalidad que determinó el Juzgado r, expuso, fue en lo relativo al aviso que solicitó la propia Asamblea Legislativa, en el sentido de que “con 48 horas de anticipación, se debería de dar aviso a autoridades como la Secretaría de la Seguridad Pública, la Secretaria de Gobierno y demás instancias de la administración pública”, a fin, dijo de preparar los operativos correspondientes y atender los efectos que producen estas concentraciones.
Con base en la resolución emitida por el Juez 8º de Distrito, el Contralor advirtió que en respuesta también recurrirían igualmente a tribunales federales para que determinen si existe o no inconstitucionalidad en esos tres artículos. Pero esto no es todo, acotó.
Igualmente la Comisión de Derechos Humanos capitalina, también había considerado inconstitucionales esos tres artículos de la Ley de Movilidad, por lo que ahora este tema también se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por ende estamos esperando la resolución de este caso, y que se emita desde la máxima instancia de justicia en la nación.
“Nosotros estamos a la espera de una acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión de los Derechos Humanos del DF, en donde se tratan también estos artículos” y por ende, remarcó, “está a consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación” este tema, por lo que esperamos que sea la máxima instancia de justicia del país, “la que se pronuncie y determine sobre estos conceptos”.
Negó además que por el momento se reprenda a quienes se manifiestan en la capital del país. Asimismo explicó que lo único que deseaban los legisladores de la Asamblea Legislativa, al pedir que se informara con cierta antelación, “era para poder organizar de mejor manera los operativos”.
La única finalidad que esto tiene, dijo, es que las vialidades, que los establecimientos, que los transeúntes, y que los automovilistas, y las propias personas que ejercen su derecho a manifestarse pueda salvaguardar su integridad, mencionó.
Aunado a lo anterior, el Contralor expuso que lo que el Gobierno capitalino siempre ha deseado es el generar una libertad entre el equilibrio de la gente que se manifiesta y también la libertad de quienes utilizan las vías públicas. Además, aseguró, “aquí no se criminaliza”.
Finalmente precisó que es el Ministro Ortiz Mena quien lleva este caso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.