
Menor, uno de los 2 detenidos por ataque en la Escandón
MÉXICO, DF, 3 de septiembre de 2015.- Para el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, el tema de la impunidad quedó pendiente en el Tercer informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Durante la inauguración del foro Paz, y Violencia, Justicia e Impunidad, Evaluación 2012-2015 en Torno al Informe Presidencial, el presidente de esta organización, José Antonio Ortega Sánchez, señaló que una de las mayores omisiones en la política de seguridad es la alta tasa de impunidad, ya que, según sus datos, en promedio por cada 100 delitos que se denuncian solamente seis se hace justicia.
“En México, por cada 10 delitos que se denuncian en las procuradurías sólo seis de ellos, los responsables son detenidos, acusados, sentenciados o condenados.
“Así lo veo, como una tolerancia del Gobierno federal y de los Gobierno locales ante los grupos criminales que se están peleando con el Estado el monopolio de la violencia y el monopolio de cobrar impuestos, vemos en muchos casos como son los grupos criminales que manejan esos monopolios”, dijo Ortega Sánchez.
Indicó que la media está por arriba del 50 por ciento, resultado que la mayoría de los delitos denunciados no se investigan por lo que actualmente hay aproximadamente un millón de delincuentes impunes.
El presidente del Consejo Ciudadano, afirmó que pese a las cifras triunfalistas del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong respecto a la reducción del 27 por ciento en el delito de homicidio entre 2012 y 2014, las cifras del presente año señalan lo contrario al repuntar en los primeros siete meses.
“Respecto al delito de homicidio doloso la tasa de castigo es de 18 por ciento por cada 100 homicidios, la media internacional, para tener una idea, está arriba del 50 por ciento.
“Pero según las cifras oficiales los homicidios en los primeros siete meses de este año han empezado a repuntar en un tres por ciento, en comparación con los primeros siete meses del año anterior”, aseguró.
Respecto a los cambios en el gabinete de Seguridad, Ortega Sánchez, sostuvo que desde la fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, la salida de Monte Alejandro Rubido era obligatoria.
Además de que el arribo al cargo de Renato Sales, es la oportunidad para que haya avances sustanciales en la recuperación de la seguridad del país, con punto de partida en la ejecución de las órdenes de aprehensión pendientes, lo que redundará en la baja de los índices delictivos.