Comisión por caso Iguala permitirá investigar a Ángel Aguirre: PRD

MÉXICO, DF., 7 de septiembre de 2015.- Por el hecho de que se cree una Comisión Especial en la Cámara de Diputados por el caso Iguala, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Francisco Martínez Neri afirmó a Quadratín México que dará lugar a que se investigue de manera profunda a otros servidores públicos vinculados a lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014, como al ex gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.

“Nosotros no estaríamos de ninguna manera en defensa de ningún servidor público que tuviera responsabilidad”, aseguró el coordinador de la bancada del sol azteca en San Lázaro.

Con esta premisa, el ex rector de la Universidad Autónoma de Oaxaca anunció que la fracción del PRD presentará una demanda de juicio político contra el entonces procurador de justicia, Jesús Murillo Karam, con base en los artículos 108 y 110 constitucionales de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el Código Penal Federal.

El perredista señaló que que es notorio que la actuación de Murillo Karam fue contraria a la administración de la justicia, así como a los derechos y las garantías a los que estaba obligado, por lo cual es indispensable que se inicie el procedimiento en la Cámara de Diputados para que sea sancionado.

A su juicio, es una vergüenza nacional e internacional que las instituciones mexicanas, y en especial, la PGR, hayan quedado exhibidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe sobre los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

“Lo que está ocurriendo es gravísimo. Significa que el país está al revés, porque en vez de que la autoridad correspondiente procure justicia, lo que señala la investigación independiente, es que la PGR distorsionó los hechos, destruyó pruebas”, reprobó el legislador oaxaqueño

Respaldó la versión que es científicamente imposible sostener que los estudiantes hayan sido calcinados en el basurero de Cocula y dijo que significa que el derecho de acceso a la justicia de las víctimas fue ignorado.

Aunque el Gobierno federal instruyó un nuevo peritaje, para Martínez Neri resulta insuficiente, pues “lo que está en la discusión nacional es que, simple y llanamente, se le mintió a los familiares de las víctimas y a la sociedad, porque los hechos no ocurrieron como lo afirmaron las autoridades.”

De acuerdo con el artículo nueve de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, los funcionarios gozan de un año de gracia en el que se les extiende el fuero, por lo cual es necesario iniciar el procedimiento de desafuero, antes que puedan iniciarse denuncias administrativas o penales.