Iniciativa de Ley de Austeridad ahorraría 450 mmdp

MÉXICO, DF., 11 de septiembre de 2015.- La iniciativa de Ley de Austeridad Republicana, primera en ser entregada al iniciar la 63 Legislatura de la Cámara de Diputados, plantea 27 recortes al presupuesto de 2016 que permitirían ahorrar en una primera etapa 450 mil millones de pesos, “sin afectar en lo más mínimo las funciones sustantivas del gobierno”, según Morena, instituto político que la presentó.

Esta iniciativa tiene su antecedente en el Plan de Austeridad entregado por Morena en la Presidencia de la República el 23 de septiembre de 2013, cuando propuso recortar los salarios de los grandes funcionarios.

El grupo parlamentario de Morena se estrenó con su propuesta que consiste en detener los abusos a la hacienda nacional y reorientar el gasto a atender los servicios sociales y a la inversión, cambiando el enfoque del servicio público bajo la convicción de que el gobierno y sus funcionarios deben servir a la sociedad y no servirse de ella.

En entrevista con Quadratín México, la coordinadora de Morena en San Lázaro, Rocío Nahle García, explicó que muchos conceptos sí fueron tomados del Plan de Austeridad 2013, pero con datos actualizados como el precio del petróleo, por lo que se hicieron nuevamente cálculos y así fue como se presentó, más otros rubros que se incluyeron.

El documento fundamenta su base en el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el año 2015, más el efecto de la inflación, misma que puede ser visto como el ajuste presupuestal responsable para el 2016, donde las reducciones se concentrarán en el gasto corriente y no en el de inversión.

La Ley de Austeridad Republicana cuenta con 29 artículos y contienen como objetivo central la aplicación de una política de austeridad, no del gobierno, sino del Estado, para reducir de manera sostenida el costo de la administración pública en beneficio de la sociedad.

Los 450 mil millones de pesos que se ahorrarían, de acuerdo a la iniciativa, son recursos suficientes para mantener el gasto social y las inversiones necesarias para enfrentar la crisis por la caída de los ingresos petroleros y garantizar el desarrollo productivo del país.

Con una reducción del 50 por ciento en los ingresos de la alta burocracia se podrían ahorrar 30 mil 946 millones de pesos para el siguiente año, mismo que representa el 30 por ciento de la nómina. Con este esquema de 70 salarios mínimos el tope máximo de ingresos para el titular del Ejecutivo federal, pasaría de 249 mil 97 pesos, previstos en el Paquete Económico 2016, a 147 mil 210 pesos.

Además, 62 mil 524 millones de pesos por la disminución de 37 por ciento en gratificaciones, compensaciones y primas de la alta burocracia.

Otros cinco mil 12 millones de pesos por reducción de cinco por ciento en la partida por gastos de seguros médicos y de retiro sólo de la alta burocracia; 112 mil 521 millones de pesos por reducción de 43 por ciento del total de la partida, debido a que este concepto rebasa la sumatoria de los ingresos por remuneraciones de carácter transitorio y permanente.

Un ahorro por tres mil 539 millones de pesos por reducción de 15 por ciento del total de la partida en la que contemplan nuevas plazas de altos funcionarios e incrementos en sus percepciones.

Se generan disponibilidades por 10 mil 630 millones de pesos de ahorro por concepto de recorte a los estímulos de la alta burocracia.

Se obtendrían siete mil 436 millones de pesos por ajustes en las partidas destinadas a papelería y equipos de oficina.

Recursos por dos mil 199 millones de pesos de ahorro que se puede realizar sin afectar el gasto destinado a fuerzas armadas, reclusorios, seguridad pública y unidades de salud; siete mil 826 millones pesos por ajuste de 25 por ciento en la partida por adquisición de papel, cartón, e impresos.

Ahorro de mil 215 millones de pesos por ajuste de 20 por ciento de la partida por la cancelación de remodelación y adecuación de oficinas.

Hasta 11 mil 255 millones de pesos, gracias a una disminución de 15 por ciento mediante una mayor eficiencia en la adquisición de productos.

La magnitud del ahorro sumaría 33 mil 286 millones de pesos, mediante la eliminación de sobre precios a particulares generadores de energía.

Se pueden ahorrar  dos mil 248 millones de pesos con la mayor eficiencia en la compra de vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos.

Ahorro de 56 millones de pesos por quitar adquisiciones no necesarias en materiales y suministros para seguridad.

Se propone ahorrar 956 millones de pesos, por eficiencia en compras de herramientas, refacciones y accesorios menores.

Lograría ahorros por ocho mil 366 millones de pesos, gracias en la reducción de 25 por ciento de la partida que se destina al pago por conceptos como telefonía y radio localización.

Unos 17 mil 866 millones de pesos por la depuración de arrendamientos en edificios, bodegas, terrenos, equipos.

63 mil 270 millones por la revisión y eliminación de contratos de consultoría y asesoría que no son indispensables.

Un ahorro de 10 mil 740 millones de pesos por la reducción en el pago de comisiones de servicios de administración y gestión de recursos por la revisión de contratos con las instituciones financieras.

En servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación esta partida aportaría 12 mil 820 millones de ahorro por una disminución de 40 por ciento por cierre de oficinas y freno de remodelaciones y reubicaciones.

Al reducir 50 por ciento los contratos en comunicación social y publicidad se ahorraría dos mil 78 millones de pesos. Cabe destacar que en 2014 el Gobierno federal gastó alrededor de cinco mil millones de pesos adicionales a lo aprobado en este rubro.

Ahorro de cinco mil 313 millones de pesos por la racionalización de programas de viaje y tarifas excesivas, así como la reducción en las estancias.

Un probable ahorro de mil 943 millones de pesos por la eliminación de funciones y gastos ceremoniales no indispensables, así como la reducción de contratos de representación, convenciones.

Estima ahorro de tres mil 496 millones de pesos por la duplicación de gastos en otras partidas, particularmente de las CFE.

Con un recorte general de menos de uno por ciento, equivalente a un ahorro de 16 mil 123 millones de pesos por una disminución de 2 por ciento a los aportes de fideicomisos y ayudas y de 90 por ciento en las trasferencias al exterior.

De manera adicional, se propone disminuir en tres mil 495 millones de pesos en el presupuesto para partidos políticos y grupos parlamentarios.

Por último una reducción de 13 mil 411 millones de pesos, por incluir materiales que no son estrictamente activos fijos, reparaciones, adquisición de vehículos y bienes inmuebles, entre otros, que no son indispensables en un ejercicio presupuestal.

Entre sus prohibiciones, pone obstáculo a la utilización de recursos públicos para la contratación de servicios médicos privados para los servidores públicos federales, las erogaciones para el pago del seguro de separación individualizado, el establecimiento de pensiones distintas a las establecidas en las leyes de Seguridad Social correspondientes, pensiones vitalicias a los ex Presidentes de la República, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros.

También prohibiría la creación de plazas de secretario privado o equivalentes, bonos o percepciones extraordinarias, contratar publicidad a los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos y demás autoridades federales que ejerzan gasto público.

Prohíbe adquirir publicaciones costosas, de lujo o con precios superiores al promedio del precio de mercado; la utilización de aeronaves privadas a cargo del Presupuesto o la compra, adquisición, arrendamiento, comodato de aeronaves que no sean para uso en materia de seguridad, protección civil o de atención sanitaria.

La iniciativa de Ley de Austeridad Republicana aún se encuentra en proceso de su dictaminación en las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, sin embargo, debido a que dichas instancias legislativas aún no han sido integradas —la fecha límite que marca la ley es el 30 de septiembre—, Morena urge a que se formen las comisiones para su discusión y, en su caso, aprobación en el Pleno entre en vigor a partir del primero de enero de 2016.