Investigará Comisión de DH en San Lázaro posibles violaciones en marcha

MÉXICO, DF, 24 de noviembre de 2015.- La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados solicitará información a diversas autoridades para indagar sobre los hechos violentos acontecidos en la mega marcha del jueves 20 de noviembre,  y las supuestas violaciones a las garantías de las personas por parte del cuerpo de seguridad, tanto federal como capitalino.

En sesión de trabajo de este lunes, la Junta de Coordinación Política aprobó por unanimidad para que la instancia legislativa de San Lázaro realice lo conducente y que a su vez reciba todas las solicitudes de los diputados.

En conferencia de prensa, el vicecoordinador jurídico del PRI, Héctor Gutiérrez de la Garza planteó conveniente que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal haga llegar a la Asamblea Legislativa todo lo conducente a los contingentes y manifestaciones derivadas en protesta por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

Por su parte el presidente de la Mesa Directiva, Silvano Aureoles Conejo, señaló que se tiene que prevalecer el Estado de derecho y aplicar la ley a quien cometa un delito, “porque esa es una tentativa de homicidio, pues tiene que responder por ello”, dijo en referencia a los integrantes de los grupos radicales que generaron violencia cargando bombas molotov, palos, piedras, objetos punzocortantes y sobre las imágenes difundidas de agresión física al cuerpo policíaco y a la prensa.

Sostuvo que sólo conocía los elementos que difundió el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, de haberse apegado a los protocolos correctos, por tanto, correspondería a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual estuvo presente en la marcha, emitir un informe sobre los hechos.

No obstante insistió que no es posible encaminarse al caos, pues “la libre expresión es un derecho universal y eso hay que cuidarlo; pero la violencia no, y hay quienes están empeñados en que tiene que haber violencia escudándose en una tragedia, eso no lo podemos aceptar”.

El diputado del PT, Manuel Huerta Ladrón de Guevara impulsó el punto de acuerdo aprobado para que se exhorte al Gobierno capitalino a que publique las medidas de protección civil adoptadas durante el desarrollo y conclusión de las manifestaciones del jueves 20 de noviembre, en el Zócalo de la ciudad de México.

El petista solicitó que se expliquen las razones por las que se suspendió el alumbrado público en el Plaza de la Constitución y las calles que desembocan al mismo, durante la conclusión de la manifestación.

“Todos nos dimos cuenta que no había luz en el momento en que anocheció y puso en riesgo a muchos ciudadanos y no pasó algo más grave por la sabiduría de la población que se dispersó ante la acción visible de provocación, como parte del montaje de las fuerzas federales”, acusó.

“La intención es coadyuvar a que se aclaren las cosas que sucedieron el 20 de noviembre”, expuso el diputado Manuel Huerta, quien añadió no es cosa menor aunado con los 43 normalistas desaparecidos en forma forzada y “ahora 11 presos políticos a juicio de ciudadanos”.

Para el petista llamó la atención cómo el Gobierno de la Ciudad de México a través del Procurador y el propio Presidente de la República felicitaban la coordinación del operativo que derivó la detención 11 jóvenes y las acusaciones que penden sobre estos que hoy están cárceles de alta seguridad.

Para secundar, la petista Lilia Aguilar Gil consideró de urgente y obvia resolución el caso en el que evidenció “un Estado autoritario” y en el que el secretario de Seguridad Pública del DF, Jesús Rodríguez Almeida, justificó que la policía entró a poner orden “pese a quien le pese”.

“Nos interesa saber si él dio la orden de atacar a ciudadanos desprotegidos, a niños y adultos mayores, porque definitivamente las detenciones que se hicieron no fueron contra el grupo de 20 a 40 personas que estaban agrediendo a los policías, sino un barrido completo en contra de los manifestantes”, agregó la legisladora.

Sostuvo que ella como parte de los manifestantes pacíficos a la altura del asta bandera, hubo agresiones no solamente verbales, pues “se nos llamó por nombres non santos, a las mujeres se nos dijo putas, que si queríamos estar ahí entonces eso era a lo que nos ateníamos, que sí que no muy valientes”.

Aguilar Gil censuró que las “represiones” en el Zócalo capitalino no fueron única al haber otras formas que realizan para hacer que la sociedad ya no se manifieste en el país.

Denunció los casos en el estado de Hidalgo donde encerraron a jóvenes en la preparatoria 1 2 y 3 públicas, y en la capital Chihuahua donde se suspendieron las clases de universidades y colegios de bachilleres para evitar la organización a manifestarse.

Reprendió que contrario a lo que está sucediendo en el país, pareciera que el Estado en lugar de aceptar la crisis reprime a los ciudadanos, por tanto discurrió la necesidad de que la Cámara de Diputados investigue el tema para no ser cómplice de actos de represión como el Jefe de gobierno y el Presidente la República.