Justicia/Jorge Manrique*

La rebelión de los cangrejos

A un año de que entre en vigor el nuevo sistema de justicia que sustituye al que prevaleció por un siglo, aún existe inseguridad jurídica  por abusos de discrecionalidad en los juicios orales.

Con los juicios orales no terminan las malas prácticas en la impartición de justicia. Existe una fuerte reticencia a la agilidad y transparencia que plantea el nuevo sistema  y que en la práctica vemos como excesiva discrecionalidad, evidencia de la rebelión de los cangrejos.

Estos son los 25 errores que se cometen  en el nuevo sistema de justicia:

Falta equilibrar la independencia del juez con las constricciones internas y  controles formales externos, lo que genera abusos de discrecionalidad en la interpretación de las normas aplicadas a los fallos.

Deficiente o inexistente coordinación interinstitucional entre los organismos de inteligencia, investigación y procuración e impartición de justicia.

Reticencia de los jueces al juicio inmediato donde se fija fecha de juicio durante la misma audiencia de presentación, restringido uso de procedimientos breves y de acuerdos reparatorios, lo que se traduce en abusos en la discrecionalidad procesal.

Se siguen prácticas formalistas aún en los juicios orales, como exigir peticiones por escrito, registros escritos de audiencias preliminares, formalismos durante trámites de notificación o exigir  reportes inquisitorios a los fiscales antes de aprobar acuerdos conciliatorios, hechos que entorpecen la agilidad de la oralidad.

Los jueces no logran desvincularse de sus roles previos y hábitos administrativos, además de abusos y fallas en el manejo administrativo de los juzgados.

Fallas en la implementación de un código de ética para los funcionarios judiciales y alto nivel de corrupción.

Resistencia al uso de sistemas de control social como las audiencias públicas. Al mismo tiempo, se emplean controles formales como la reserva de la investigación para restringir el acceso a las audiencias públicas.

Defectuoso sistema del consejo de la judicatura para determinar nombramientos, ascensos y destituciones.

Falta de sistemas informáticos con posibilidad de acceso interjuridiccional como bases de datos compartidas.

Carencia de sistema de quejas administradas por la sociedad civil

Inexistente entrenamiento a jueces, fiscales y peritos para la obtención y evaluación de pruebas de alta complejidad, como los que involucran al crimen organizado.

Fallas en la capacitación de policías en las áreas técnico-investigativas,  de seguridad y prevención.

Falta de atención para reformar los sistemas carcelarios y homologar leyes.

Nula supervisión táctica y estratégica que genera que los fiscales no utilicen criterios comunes para la admisión de causas.

Los criterios judiciales restringen el uso de salidas alternativas en caso de consecuencia penal patrimonial. A veces los jueces aprueban acuerdos reparatorios sólo cuando los antecedentes del caso dan cuenta de la responsabilidad del imputado.

En el procedimiento abreviado, donde el imputado renuncia al juicio oral, los jueces exigen al fiscal que presente un expediente elaborado de acuerdo a criterios inquisitivos, lo que aumenta el tiempo y formalismo.

Los defensores públicos no están habituados a  cuestionar evidencia presentada por el fiscal ni saben conducir investigaciones paralelas i de interactuar formalmente en el ámbito policial.

Falta liderazgo estratégico en los ministerios públicos y no se promueven sistemas de estandarización y supervisión de los sistemas de actuación.

Restringido activismo de la víctima en el proceso de decisión del fiscal, como la determinación de las medidas cautelares, por ejemplo.

Los fiscales mantienen activo un alto número de causas en archivo para satisfacer expectativas de la víctima o para no llamar la atención del supervisor.

Los fiscales se ven impedidos para mediar y conciliar acuerdos reparatorios entre víctimas e imputados.

Existen pocos sistemas de control de calidad aplicados a los fiscales.

Sistemas carcelarios colapsados, carentes de mecanismos de rehabilitación y estratetificación.

Trabajo policial incompatible con el modelo de justicia penal oral de carácter acusatorio.

Débiles vínculos entre policías y ministerios públicos de diferentes juridicciones geográficas.

* Rector del Colegio Jurista