La Ley que prevé combatir la tortura es la ruta correcta: De la Peña

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de mayo de 2016.- La Ley General que evitará la tortura es un avance claro en la ruta correcta para erradicar este tipo de delitos que generan más y nuevas víctimas e impiden el acceso a la verdad y a la justicia, consideró la senadora Angélica de la Peña Gómez.

Resaltó que esta Ley República tiene como objetivo establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno para prevenir, investigar, juzgar y sancionar los delitos de tortura y otros tratos o penas inhumanos o degradantes.

Peña Gómez, quien también preside la comisión de los Derechos Humanos, expresó que esta modificación al marco legal cumple con las obligaciones contraídas con tratados internacionales así como con las recomendaciones de la Relatoría contra Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Tomamos en cuenta también las distintas jurisprudencias y tesis que desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación han estado decidiendo desde el Poder Judicial para establecer los criterios fundamentales que deriven en cómo abordar, cómo sancionar, y cómo determinar la importancia, y sobre todo, la gravedad, porque se trata de una violación a los derechos humanos de este delito”, dijo.

Esta Ley, agregó la senadora del PRD, establece el tipo penal de tortura y de tratos crueles y sus sanciones, así como las reglas generales para su investigación, procesamiento y sanción, así como las normas aplicables ante la comisión de otros delitos vinculados.

Enfatizó que se establecen medidas específicas de atención, ayuda, protección integral y reparación para garantizar los derechos de las víctimas de delitos de tortura.

Subrayó que esta ley también es fundamental en la lucha contra la impunidad de los superiores jerárquicos que toleran que sus subordinados cometan delitos, que no toman las medidas necesarias para prevenir o hacer cesar la comisión de estos delitos.

Mencionó que esta ley es generosa al crear una tutela de las poblaciones que están más expuestas, en situación de vulnerabilidad o riesgo, como son niñas, niños, adultos mayores, personas indígenas, migrantes y personas defensoras de derechos humanos.