La democracia mexicana está en riesgo por crisis de violencia: AI

MÉXICO, DF, 4 de febrero de 2015.- El representante de Amnistía Internacional México, Perseo Quiroz Rendón, advirtió que la democracia mexicana que tantos años ha tomado construir, está en riesgo ante la crisis de violencia que se vive en el país.

Porque dijo,  no hay una democracia que pueda sobrevivir con 23 mil personas desaparecidas, con un aumento de la tortura en 600 por ciento en los últimos 10 años, ni en un país en donde 8 de cada 10 mujeres migrantes sufren violencia de acuerdo con el último estudio del Alto Comisionado de la ONU o donde la cifra de delitos alcanza números tan altos como 93.8 por ciento de acuerdo con el último reporte del INEGI.

“Esta crisis de derechos humanos no se va a resolver volteando la mirada, reaccionado de manera defensiva ante la crípticas y con el paso del tiempo, lo que hoy requerimos del Senado de la República son estadistas y no políticos que reconozcan la magnitud de la crisis de derechos humanos en la que estamos enfrascados”, apuntó el representante en el marco del Informe de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.

En este contexto, la principal urgencia para los legisladores de la Cámara Alta fue la creación de una nueva Ley contra desapariciones forzadas, incluso, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, manifestó su intención de colaborar con las comisiones encargadas de la elaboración de dichas leyes generales y contribuir a fortalecer las bases para solventar esos problemas “además de resolver los compromisos contraídos con organismos internacionales”.

Por su parte, Rubén Moreira Valdés, gobernador de Coahuila y coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago), urgió a las entidades federativas a asumir su responsabilidad de legislar sobre declaración de ausencia, mandato incluido en la Ley de Atención a Víctimas que ha sido ignorado por los Congresos locales.

El representante adjunto en México de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, remitió la urgencia de una legislación en materia de desapariciones forzadas ante los hechos ocurridos en septiembre pasado en Iguala, Guerrero.

“Me voy a permitir mencionarles a la luz de los lamentables hechos ocurridos en Iguala y del lacerante fenómeno de la desaparición forzada y que está pendiente, y es la de impulsar una respuesta legislativa integral en los términos recomendados por el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas e involuntarias de las Naciones Unidas y recientemente por el Comité de Desapariciones Forzadas, a este problema en México”, aseveró el experto.

Finalmente, Santiago Corcuera Cabezut, miembro del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, mención que no todas las legislaturas de los estados han cumplido con su obligación de tipificar algunos de los delitos que los tratados internacionales exigen.

“Eso a mí me parece una holgazanería, porque francamente no es muy difícil cumplir con lo que los tratados internacionales en la materia establecen, sobre todo existiendo ya ejemplos de legislaciones apropiadas y adecuadas, como la de Coahuila o la de Querétaro que instrumentan adecuadamente, por ejemplo, en materia de desaparición forzada”, subrayó Corcuera Cabezut.

De acuerdo con el representante del Comité de la ONU, el grupo de trabajo sobre desaparición forzada después de su visita a México en marzo de 1981, le lanzó muchas recomendaciones al Estado Mexicano, pero la primera de ellas fue reconocer la dimensión del problema de las desapariciones en México, como un primer paso para resolverlo.

“Si no se reconoce la terrible realidad en la que México está sumido en materia de derechos humanos, particularmente en materia de desapariciones, desplazados y ejecutados, pues no vamos a enfrentar la realidad y no vamos a poder solucionar los problemas”, concluyó.