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SANTIAGO DE ANAYA, Hgo., 19 de julio de 2015.- Indígenas y habitantes de Santiago de Anaya, ante la negativa de la cementera Fortaleza para pagarles la reparación de daños que dejó en sus viviendas la construcción de un puente sobre la vía federal México-Laredo, anunciaron una serie de movilizaciones para exigir que se les cumpla lo prometido.
Familias indígenas de Santiago Anaya, en Hidalgo, habitan en sus casas dañadas con grietas y fisuras desde hace un año, cuando la construcción de una carretera y un puente de la cementera Fortaleza causaron las afectaciones.
Santiago de Anaya es uno de los municipios indígenas del Valle del Mezquital, ubicado a 56 kilómetros al noroeste de la capital de estado, donde prevalecen los usos y costumbres. Los pobladores aseguran que poco han podido hacer para defenderse de la cementera porque ésta goza de todo el respaldo gubernamental con dinero, amenazas y ahora con toneladas de cemento han sometido a las comunidades.
Las familias, en su mayoría de escasos, recursos, aseguran que llevan casi un año demandando por todas las formas, que la empresa cementera propiedad de empresarios muy poderosos, entre ellos Carlos Slim y Antonio del Valle, y solicitan urgentemente la intervención de las autoridades estatales y federales para que les paguen las afectaciones de su patrimonio construido con remesas que les llegaban de sus maridos e hijos migrantes.
Aseguran que la empresa les prometió enviar madera, cemento y material necesario para la reparación del daño, mas nunca cumplieron y ahora todo canal de comunicación con Cementos Fortaleza se perdió. Además, los habitantes de Santiago de Anaya emprendieron lucha legal contra la firma, al argumentar que dañará el medio ambiente del Valle del Mezquital.
La última noticia que tuvieron fue que la empresa, a través del ingeniero Ricardo Cevallos les comunicó que no pagarían nada. En contraparte, la empresa a través del mismo enviado reforzó tratos con los delegados de cada comunidad de Santiago de Anaya para regalarles toneladas de cemento para sus canchas de usos múltiples, sus salones ejidales, sus drenajes etcétera.
«La empresa nos afectó y nadie nos hace caso, sólo mandan y mandan toneladas de cemento a las autoridades a los delegados para acabar con las protestas pero a los afectados y los problemas de fondo no les dan respuestas» sostuvo Rafael Camargo entre muchas otras voces que levantan la voz a las autoridades que hasta el momento no han dado ninguna solución a las demandas de los habitantes de la zona.
«Nuestras construcciones fueron posible gracias al esfuerzo de nuestros migrantes son viviendas que fueron construidas hace 15 y 18 años y no les había pasado nada hasta que la cementera comenzó sus trabajos, esta es una casa con trabe y buenos cimientos y las grietas son evidentes», señaló.
El presidente municipal Fidencio Gachuz, tampoco se ha manifestado respecto a la inconformidad que se desató desde la llegada de esta empresa pues “se puso del lado de los empresarios”, acusó. Esa postura de sus autoridades hacen que se esfumen las esperanzas de que les hagan justicia, incluso obran ante el Ministerio Público, demandas contra la empresa sin embargo estas no prosperan.
Ya existe un peritaje que arrojó como resultado el reporte que hiciera en días pasados el perito Alfredo Sánchez Abad, quien en su informe mencionó que las casas presentan daños en su mayoría y es altamente probable que sea por la construcción del puente aunque se debe revisar el modelo de la maquinaria para ver el radio de alcance que tuvieron las ondas.
«Las ondas pudieron tener una radio de afectación de hasta 50 metros, lo que si vemos son casas muy afectadas por el movimiento de máquinas y el paso de camiones», dijo Sánchez, perito certificado que fue contratado por las familias pues pretenden acompañar sus denuncias con el estudio para evitar que nuevamente desestimen las afectaciones.
Peritos de Protección Civil del gobierno del estado recorrieron las viviendas afectadas, sin hacer público el resultado. Ingenieros de la empresa también recorrieron la zona y aunque prometieron la reparación de los daños, el envío de cemento y madera, se deslindaron y advirtieron que no pagarían nada lo que generó molestia de los afectados y alistan nuevas acciones.
Afectados por la invasión de predios durante la instalación de más de 200 postes de alta tensión para abastecer a la cementera Santa Anita, ubicada en Santiago de Anaya, exigieron el pago de la indemnización por la invasión de sus tierras por parte de la empresa al colocar las torres de alta tensión frente a sus domicilios, comercios, escuelas y clínicas de salud
Los indígenas de Santiago de Anaya, señalaron que el informe se basa en argumentos erróneos, omisos y contradictorios por parte de la dependencia, ya que en ningún momento se responsabilizan por las actuaciones y facultades que le han sido conferidas, ya que incluso se declaran incompetentes para rendir dicho informe en razón de que supuestamente no les fue requerido el mismo por una dependencia federal.
Ante la cerrazón de las dependencias federales como estatales así como de la empresa, los indígenas advirtieron que realizarán manifestaciones y plantones por tiempo indefinido en el centro SCT de Hidalgo a efecto de ejercer presión social para hacer valer sus derechos patrimoniales de los cuales fueron despojados los habitantes de las comunidades de Actopan, San Salvador y Santiago de Anaya.
El informe de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) centro Hidalgo, ya fue presentado y sostiene que no cuenta con los documentos necesarios que avalen que fue liberado y pagado el derecho de vía. Aceptó que no ser autoridad competente para dar información a requerimientos de la justicia del fuero común.
Por su parte la Procuraduría de Justicia de Hidalgo, informó que la Averiguación Previa acumulada no ha sido resuelta debido a que los agentes del Ministerio Público, están de vacaciones y será hasta su regreso cuando retomen el caso.