La maternidad no debe ser violentada ni humillada: Hernández Soriano

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de abril de 2016.- En México, millones de mujeres, la gran mayoría pobres, sufren embarazos, partos y puerperios violentos, irrespetuosos y deshumanizados. A fin de prevenir, sancionar y erradicar las conductas que la configuran, el diputado Rafael Hernández Soriano propuso institucionalizar el término “violencia obstétrica”.

A través de una iniciativa de reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, señaló que se trata de incluir dicho concepto en una fracción de su artículo 6 también con objeto, en su caso, de obligar a la reparación integral del daño a las víctimas, informó el Grupo Parlamentario del PRD a través de un comunicado.

Debido a la desfavorable situación socioeconómica de la mayoría de afectadas, éstas desconocen sus derechos, no denuncian y no reclaman, lo que da lugar a una “cifra negra” sobre la magnitud del problema.

Sin embargo, incluso personal médico y de enfermería, organizaciones civiles, expertos en salud pública y grupos de parteras, entre otros, denuncian desde hace años el cúmulo de agravios y abusos en clínicas, centros de salud y hospitales.

En dichos lugares, tanto públicos como privados, son frecuentes regaños, burlas, ironías, insultos, amenazas, humillaciones, manipulación de información, negación del tratamiento, indiferencia a solicitudes y reclamos, utilización de las mujeres como “recurso didáctico” sin su consentimiento ni respeto a su dignidad humana, y manipulación de su dolor como “castigo” y de la coacción para obtener su “consentimiento” para ciertas prácticas.

Más grave aún es que hay conductas en las que se le causa daño deliberado o se incurre en alguna otra violación a sus derechos. Es decir, en dichos lugares es frecuente la violencia institucional y la de género, tanto física como psicológica.

La primera se da cuando se realizan prácticas invasivas, se suministran medicamentos no justificados, no se respetan tiempos ni posibilidades del parto biológico, se induce éste con técnicas de aceleramiento sin consentimiento de la madre y se práctica la cesárea aun cuando pudiera ser parto natural.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda evitar la maniobra Kristeller, (empujar al bebé dentro del vientre para agilizar su nacimiento), la episiotomía (corte en la zona perianal para agrandar la apertura de la vagina), obligar a la mujer a parir acostada en posición horizontal o inmovilizada, la maniobra Hamilton (en la cual el médico desprende del cuello del útero las membranas que rodean al bebé utilizando las manos o algún otro instrumento con el fin de permitir el desprendimiento que lo mantiene unido al útero) y las cesáreas, de modo que éstas no superen 15 por ciento de nacimientos, pero en México estas recomendaciones frecuentemente son desatendidas.

En la violencia física también se incluye la inadecuada atención a emergencias obstétricas, la esterilización forzada o, de plano, la negativa de servicios.

La violencia psicológica incluye trato deshumanizado, grosero, cruel, degradante, abusivo o negligente, y discriminación y humillación cuando se pide asesoramiento o atención en el transcurso de una práctica obstétrica.

Comprende también la omisión de información para la mujer y sus familiares sobre la evolución de su parto, la evasión a las opiniones o deseos de la parturienta y la negativa a proporcionarle, durante el embarazo, parto y puerperio información sobre salud sexual y reproductiva.

“Así, diariamente millones de mujeres no únicamente no ejercen sus derechos, sino además sufren una grave violación a los mismos, en particular los reproductivos”, señaló Hernández Soriano.

Estos daños físicos y psicológicos –dijo– configuran la violencia obstétrica que, aunque recientemente conceptualizada, requiere ser incorporada explícitamente al marco legal a efecto de visibilizarla, contabilizarla, atenderla, sancionarla, prevenirla y, en el caso de las víctimas, reparar tales daños.

Al respecto, destacó que diversas convenciones y tratados internacionales signados y ratificados por México recomiendan a los estados miembros tomar medidas realmente efectivas para erradicarla, específicamente que los servicios médicos garanticen el libre acceso a servicios relacionados a embarazo, parto y puerperio.

Señalan, además, la obligación de contar con infraestructura, equipo, personal y servicios de maternidad gratuitos y sin riesgo –especialmente para mujeres en condiciones de exclusión–, los cuales también deben ser libres de todo tipo de discriminación y con respeto a las necesidades, decisiones e idiosincrasia de cada mujer, entre las cuales se encuentran sus usos y costumbres.

En atención a estas recomendaciones y la realidad que se vive en el país, el diputado federal perredista apuntó que su propuesta es un paso que necesariamente se debe dar en ese sentido.