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MÉXICO, DF, 4 de abril de 2015.- El senador Mario Delgado advirtió que la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobada el pasado 18 de marzo en el Senado de la República está condenada al fracaso de no incluirse uno de los sectores de mayor riesgo en nuestro país, el energético.
¨El ejemplo de esto es el proceso de precalificación de la Ronda Uno que llevan a cabo instituciones que no han acabado de conformarse, ni cuentan con un reglamento interno, tales como la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Ambiental y el Fondo Mexicano del Petróleo Para la Estabilización y el Desarrollo, lo que pone en clara desventaja a la Comisión Nacional de Hidrocarburos frente a las grandes transnacionales¨, acotó el legislador.
Integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, destacó que en este contexto, el marco legislativo e institucional existente no son suficientes para dar seguimiento y transparentar los contratos que se están planteando y requieren de un modelo de fiscalización nunca ha aplicado en México.
“Es cierto que existen las condiciones para que haya mayor transparencia una vez que se tiene el resultado de la licitación, sin embargo, no tenemos garantías de apertura ni de transparencia en el proceso de licitación, y éste podrá reservarse”, expresó a través de un posicionamiento.
De acuerdo con el legislador integrante del grupo parlamentario del Sol Azteca, el artículo 83 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública es insuficiente para garantizar que todo el proceso de contratación, licitación, asignación y criterios de precalificación en esta materia sean absolutamente transparentes.
“El modelo de contrato propuesto abre espacio para la discrecionalidad; en las primeras licitaciones de la Ronda Uno se ha visto cómo la Secretaría de Energía reserva una parte del proceso de asignación de estos contratos”, puntualizó a través de un posicionamiento.
Al respecto advirtió que de dejarse en la opacidad el primer eslabón del proceso, se corre el riesgo de contaminar el resto de uno de los ´esquemas privatizadores´ más importantes del país y agregó que ante ello el Poder legislativo debe exigir la mayor apertura posible.
¨Los mexicanos nos podemos llevar sorpresas muy grandes en esta materia puesto que dentro de la reforma energética no se previó un proceso de revocación de contratos por incumplimiento de metas¨, concluyó el colimense.