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CIUDAD DE MÉXICO, 18 de febrero de 2016.- La estrategia del Gobierno de Veracruz en los casos de los 19 periodistas asesinados, en lo que va del sexenio del gobernador Javier Duarte, ha sido la criminalización o relación con el crimen organizado, en la mayoría de los casos.
A unos meses de que Duarte deje el cargo, su periodo fue de 2010 y termina en 2016 tras suplir a Fidel Herrera, el estado se convirtió en el más peligroso para ejercer el periodismo, por lo que varios comunicadores han decidido abandonar sus hogares y radicar en otras ciudades o entidades.
De acuerdo con el ex director de Artículo 19 para México y Centroamérica, Darío Ramírez, una de las formas más fáciles para la justicia veracruzana es de montar una diligencia mal fundamentada, relacionar al reportero con un grupo criminal o que era blanco de alguna de estas bandas.
“La situación en Veracruz nos deja algo muy claro, que la justicia no se aplica en específico para esclarecer casos, no reparte justicia adecuada y no castiga a los que son responsables, es decir, que si es una situación que pueda incomodar directamente al gobierno del señor Javier Duarte, este responde.
“Resulta muy extraño que en los casos de periodistas, la mayoría son o están relacionados con el narcotráfico, que tenían un nexo directo o eran perseguidos por estas bandas, mientras que si hay un tiroteo entre sicarios o un asalto, las investigaciones se agotan o se mantienen abiertas”, dijo Ramírez.
Aseguró que con el asesinato de Anabel Flores a inicios de febrero de este año, está por alcanzarse la mayor cifra de periodistas asesinados en un sólo estado de la República mexicana, lo que dejaría en malos términos de seguridad a Veracruz.
Según el último reporte de Artículo 19 sobre el 2015, quien registra todas las anomalías, quejas, amenazas y muertes de los comunicadores en México, se manejó un total de 18, sin contar a Flores, donde se incluyeron a Rubén Espinosa Becerril, fotoperiodista que vivió en Xalapa y se autoexilió en la capital del país por amenazas de muerte y que después fue asesinado en la colonia Narvarte en julio del año pasado.
“Se manejaron cartas para que el gobernador diera una respuesta firme, con investigaciones contundentes para que se demostrara que estas ejecuciones estaban coludidas con el crimen organizado, sin embargo, solamente recibimos una contestación y fue de estamos haciendo nuestro trabajo, los mantendremos informados.
“Imagínate que están haciendo su trabajo, si no lo estuvieran haciendo estaríamos hablando de, al menos, 50 reporteros que perdieron la vida por su labor y que además súmale aquellos casos de desaparición y ejecuciones extrajudiciales, sería un mundo poder resolver toda esta cuestión”, comentó.
Incluso, dijo Darío Ramírez, la intención del gobernador es colocar los casos en delitos del fuero federal, con el objetivo de deslindarse de la adjudicación o de las indagatorias correspondientes.
“Al momento de que se declara incompetente la Fiscalía veracruzana, otorga el caso a la PGR, el proceso es muy tardado y lento para la autoridad federal, debido a que la entrega de las carpetas de investigación no se dan completas o con información equivocada”.
Las víctimas
Quadratín México hace un recuento de los 19 compañeros que han fallecido por el cumplimiento de su labor periodística, algunos son relacionados con el narcotráfico y en otros el caso se mantiene abierto, pero sin esclarecer las consecuencias del homicidio.
Anabel Flores Salazar, 27 años de edad. Reportera del periódico El Buen Tono y de El sol de Orizaba. Un grupo de hombres armados, vestidos de militares la secuestró la madrugada del lunes 8 de febrero cuando se encontraba en su domicilio. La reportera fue hallada muerta en un paraje del municipio de Tehuacán.
Rubén Espinosa, 31 años de edad, corresponsal de Proceso y Cuartoscuro en Veracruz. Asesinado el 31 de julio de 2015. Se había ido del estado semanas antes tras denunciar amenazas.
Juan Mendoza Delgado, 46 años de edad, director del portal Escribiendo la verdad. Reportado como desaparecido el 1 de junio de 2015. Su cuerpo, atropellado, fue hallado al día siguiente. La investigación sigue abierta.
Armando Saldaña Morales, 53 años de edad, periodista de la estación La Ke Buena. Asesinado el 4 de mayo de 2015. Su cuerpo fue encontrado con cuatro balazos y señales de tortura en la frontera entre Oaxaca y Veracruz. La investigación sigue abierta.
Moisés Sánchez Cerezo, 49 años de edad, director de La Unión. Secuestrado el 2 de enero de 2015. Su cuerpo apareció el 24 de enero, decapitado. El Gobernador lo describió como “un taxista”. Omar Cruz Reyes, presidente municipal de Medellín, fue acusado de ser el autor intelectual de su homicidio.
Octavio Rojas Hernández, corresponsal del periódico El Buen Tono. Asesinado en su casa en Cosolapa, Oaxaca, en la frontera con Veracruz. El caso sigue abierto.
Gregorio Jiménez de la Cruz, 43 años de edad, reportero del diario Notisur. Desapareció el 6 de febrero de 2014. Su cuerpo fue encontrado seis días después. El gobernador dijo que fue asesinado por “problemas personales”; sus familiares acusan que fue por publicar un reportaje.
Sergio Landa Rosales, periodista del Diario de Cardel. Secuestrado el 26 de noviembre de 2012, desaparecido desde entonces. El caso sigue abierto.
Miguel Morales Estrada, 35 años de edad, desaparecido el 25 de julio de 2012. Fotógrafo del Diario de Poza Rica. El caso sigue abierto.
Víctor Manuel Báez Chino, 46 años de edad. Reportero del sitio reporterospoliciacos.com. Desapareció el 13 de junio de 2012, su cuerpo, mutilado, fue recuperado un día después. Al igual que en los demás casos, el gobierno culpó al crimen organizado de su homicidio. A la fecha se desconoce el motivo de su muerte.
Guillermo Luna Varela, 21 años, fotógrafo para Notiver; Gabriel Huge Córdova, fotógrafo para Notiver, de 37 años de edad; Esteban Rodríguez Rodríguez, reportero del periódico AZ, de 30 años de edad y Ana Irasema Becerra Jiménez, de 33 años de edad, empleada administrativa de El Dictamen. Sus cuerpos fueron encontrados el 3 de mayo de 2012, el Día mundial de la libertad de prensa, en bolsas de basura. Las autoridades culparon a supuestos narcotraficantes de los cuatro homicidios y cerraron el caso. Los detenidos fueron presentados con las credenciales de los asesinados. A la fecha se desconoce el motivo de su muerte.
Regina Martínez Pérez, 48 años de edad. Corresponsal de Proceso. Estrangulada en su casa el 28 de abril de 2012. Las autoridades locales concluyeron que fue víctima de un robo y/o un crimen pasional. El Gobierno local nunca investigó si su muerte estuvo relacionada con su trabajo.
Yolanda Ordaz de la Cruz, 48 años de edad. Reportera de Notiver. Desaparecida el 24 de julio de 2011. Su cuerpo, decapitado, fue encontrado dos días después. Se culpó a un supuesto narcotraficante de su asesinato. A la fecha no se ha resuelto el caso.
Misael López Solana, de 21 años, fotógrafo de Notiver e hijo de López Velasco. Asesinados por un comando armado el 20 de junio de 2011 en su casa. Se culpó a un supuesto narcotraficante de su asesinato. A la fecha no se ha resuelto el caso.
Miguel Ángel López Velasco, conocido como Milo Vela. 55 años de edad. Periodista de Notiver.
Noel López Olguín, 45 años de edad. Trabajaba para Horizonte, La Verdad y Noticias de Acayucan. Desapareció el 8 de marzo de 2011. Su cuerpo fue encontrado el 1 de junio de ese año. Se culpó a un supuesto sicario de su asesinato. A la fecha no se ha resuelto el caso.
Advertencias y acciones de Gobierno de Duarte
Javier Duarte envió un mensaje entre líneas el pasado 30 de junio de 2015, directamente para los periodistas en un discurso.
El texto decía lo siguiente: “se lo digo a ustedes, por su familia, pero también por la mía, porque si algo les pasa a ustedes a mí me crucifican todos (sic). Pórtense bien, todos sabemos quiénes andan en malos pasos, dicen que en Veracruz sólo no se sabe lo que todavía no se nos ocurre. Todos sabemos quiénes, de alguna u otra manera, tienen vinculación con estos grupos… todos sabemos quiénes tienen vínculos y quiénes están metidos con el hampa… ¡Pórtense bien, por favor!, se los suplico. Vienen tiempos difíciles”.
Mientras que a principios de esta semana dio una conferencia de prensa para asegurar que su administración ha sido la que más ha combatido a la delincuencia organizada en la entidad y defendió al titular de la Secretaría de Seguridad Pública al decir que no dejará el cargo.
Precisó que del 2011 a la fecha en Veracruz se han detenido a 123 personas que encabezaban las estructuras jerárquicas los cárteles más peligrosos que operaban en la entidad.
Y aseguró que entre ellos han detenido a jefes de plaza y operadores financieros de las organizaciones criminales, a quienes calificó como los «cerebros» de dichos cárteles.