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MÉXICO, DF, 11 de marzo de 2015.- La nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que será discutida este jueves en comisiones, mantiene el candado que obliga a transparentar investigaciones o averiguaciones previas en torno a vulneraciones a los derechos humanos, si no existe un pronunciamiento previo de autoridad que lo califique como ‘violaciones graves’, de acuerdo a un dictamen previo del que Quadratín México tiene copia.
Este punto fue uno de los más discutidos y debatidos por los organismos y asociaciones de protección de derechos humanos, ya que limita la transparencia y entrega de información sobre hechos relacionados con violaciones derechos o delitos de lesa humanidad.
De acuerdo con el dictamen previo en el artículo 74 fracción E “toda la información con que cuente, relacionada con hechos constitutivos de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, una vez determinados así por la autoridad competente, incluyendo, en su caso, las acciones de reparación del daño, atención a víctimas y de no repetición”, precisa el pre dictamen.
IFAI cambia de nombre
En medio de esta transición el Instituto Federal de Acceso a la Información pasará a ser el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, cuyo objeto será fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano así como coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública transversal de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.
Entre las nuevas figuras incluidas en la legislación que se gesta en el Senado, destaca la aplicación de la prueba de daño, que se refiere a que el sujeto obligado deberá justificar que la divulgación de la información represente un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional, por lo cual se imposibilitaría su publicación y transparencia.
“Que el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supere el interés público general de que se difunda y que la limitación se adecue al principio de proporcionalidad y represente el medio menos restrictivo disponible para evitar dicho perjuicios”, puntualiza la nueva legislación.
Se espera que mañana sea aprobado el dictamen en Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, a fin de presentarse al Pleno para su aprobación, ya que de esta legislación dependerá la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, aprobado la semana pasada en Cámara de Diputados y que actualmente se encuentra en el Senado para su análisis.