Llama Barbosa a separar la política de la administración de justicia

MÉXICO, DF, 4 de febrero de 2015.- El presidente del Senado, Miguel Barbosa Huerta, llamó a separar la política de la administración de justicia, en una especie de alusión a las comisiones legislativas que buscan fincar responsabilidades jurídicas, dijo que “no se vale que ningún legislador o legisladora acudan a los tribunales a hacer trámites y gestiones”.

En el marco del Segundo Informe de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia del Senado de la República, el legislador perredista señaló que el reto del Poder legislativo es ser autónomos, para poder generar las mejores leyes y poder actuar con la ética necesaria para que la sociedad recupere la confianza en el ejercicio del poder y en particular en el ejercicio de la función legislativa.

“No se vale que confundamos la relación que se genera por esta relación entre poderes, por esta colaboración entre poderes, para hacer otras cosas de interés privado”, acotó el coordinador de la bancada del sol azteca.

Dicho informe además fue escenario de un reconocimiento al senador Manuel Camacho Solís, ausente desde el pasado 17 de julio de 2014 por problemas de salud, sin que hasta el momento haya solicitado licencia al cargo.

En este marco, Barbosa Huerta además aseguró que esta legislatura aspira a que cuando concluya este año legislativo, es decir antes del 31 de agosto se hayan aprobado todas las iniciativas pendientes y cerrar su periodo sin rezago legislativo.

“Esa historia permanente de heredar el rezago legislativo como consecuencia del modelo, del modelo del Sistema Parlamentario Mexicano, del Sistema del proceso Legislativo… pero queremos acabar este año sin rezago legislativo”, puntualizó el líder de la bancada perredista.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Roberto Gil Zuarth, destacó los avances de la Cámara Alta al aprobar la reforma al fuero militar y la reforma en materia de justicia penal para adolescentes; sin embargo, destacó que existen muchos pendientes, algunos de los cuales fueron destapados por el caso Ayotzinapa.

“El caso Ayotzinapa reabrió la discusión sobre nuestro modelo policial, sobre la distribución de competencias y responsabilidades en materia penal y de seguridad, y sobre los mecanismos de intervención federal en estados y municipios bajo riesgos o amenazas”, resaltó.

Finalmente explicó que está pendiente aprobar una Ley General en Materia de Desaparición Forzada, misma que se sumará a otras iniciativas sobre estos temas que serán prioridad en la agenda legislativa de este año.