Llama FAO a expandir la protección social para erradicar el hambre

MÉXICO, DF, 14 de octubre de 2015.- El apoyo que los gobiernos han dado a los sectores vulnerables de la población a través de los sistemas de protección social ha sido una de las claves que permitieron que América Latina y el Caribe sea la región que mayores avances ha hecho en la lucha contra el hambre en las últimas décadas, señaló la FAO a través de un informe difundido este miércoles.

Según la nueva publicación El Estado de la Alimentación y la Agricultura 2015 (SOFA, por sus siglas en inglés), en 2013 las medidas de protección social sacaron de la pobreza extrema a unos 150 millones de personas en todo el planeta.

“La protección social no es un gasto sino una inversión, y sus resultados están a la vista en América Latina y el Caribe”, señaló el Representante Regional de la FAO, Raúl Benítez.

Durante la última década, los gobiernos de la región han establecido sistemas integrales de protección social para articular intervenciones del ámbito social y productivo, desarrollando estrategias intersectoriales ajustadas a las necesidades de los distintos grupos de la población.

De acuerdo con cifras del Banco Mundial, para el periodo 1998-2014, la cobertura promedio de todos los tipos de protección social (contributiva, no contributiva y las regulaciones laborales) en el total de la población de América Latina y el Caribe alcanzó un 56.3 por ciento.

América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo con mayor cobertura de los instrumentos de protección social sobre el quintil más pobre de la población, con un 62.3 por ciento de cobertura en promedio durante el periodo 1998-2014, aunque existe mucha heterogeneidad entre países.

Una transición hacia sistemas integrales de protección

Durante las últimas décadas la región ha experimentado una transición en términos de la protección social, tanto a nivel de políticas como a nivel de programas.

A nivel de políticas se ha ido reemplazando paulatinamente el objetivo modesto de establecer redes de contención sólo para los casos más críticos, pasando a sistemas integrales de protección.

A nivel de programas, además de consolidar sus iniciativas más emblemáticas (transferencias condicionadas, pensiones sociales y alimentación escolar), los países han comenzado a fortalecer aquellas que buscan prevenir que los hogares vuelvan a caer en pobreza.

“Los estudios muestran que en lugar de crear dependencia o reducir el esfuerzo de trabajo, al ayudar a las familias a superar la falta de crédito y liquidez la protección social refuerza los medios de subsistencia”, explicó Benítez.

Según el informe SOFA, en América Latina los programas de protección social han tenido una repercusión favorable en las inversiones no agrícolas. El programa Prospera (ex Oportunidades y Progresa)  de México, por ejemplo, incrementó la probabilidad de que los hogares participantes dirigieran microempresas no agrícolas y les brindó un 25 % más de probabilidades de convertirse en emprendedores.

El principal desafío: cobertura para todos

Según la FAO, un desafío regional es fortalecer la inclusión laboral y productiva de los hogares pobres rurales, articulando estos esfuerzos con otras políticas sectoriales y productivas.

“Debemos fortalecer la inclusión laboral y productiva de los hogares pobres rurales, como una forma de dar sostenibilidad a los esfuerzos por erradicar el hambre”, afirmó Benítez.

Benítez explicó que se puede aumentar el impacto en las áreas rurales con iniciativas conjuntas que aúnen agricultura y protección social.

“Por ejemplo, un programa agrícola que empodere a los pequeños agricultores familiares puede complementarse con un programa de protección social centrado en la alimentación escolar, a la cual los agricultores proveen de alimentos”, explicó.

Otra tarea fundamental para los próximos años será consolidar la cobertura de la protección social para todos los ciudadanos de acuerdo a sus necesidades específicas, con un fuerte énfasis en la población rural.

Cifras disponibles para 13 países de la región señalan que en promedio un 46.9 por ciento de la población rural no accede a ningún tipo de protección social; ni asistencia, ni seguridad social, ni regulaciones laborales.

La gobernanza de las políticas y programas de protección social es un tercer desafío, ya que políticas y objetivos más complejos implican mayores capacidades y acuerdos sociales más amplios, por lo que se debe trabajar en coordinación interinstitucional, financiamiento sostenible y sistemas de información y monitoreo que aseguren los impactos.

Políticas ejemplares en la región

La FAO destaca que los programas de transferencias condicionadas de ingresos opera en 21 países de la región, apoyando a 129 millones de personas, cerca de 21 por ciento de la población regional, los cuales son ampliamente reconocidos a nivel mundial por sus impactos positivos en la nutrición, el fortalecimiento del acceso a educación y salud, en la agricultura familiar y economías locales.

Según el SOFA, 28 países de la región implementan programas de transferencias incondicionadas de dinero, mientras que 24 entregan transferencia incondicionales en especie, incluyendo el segundo más grande del mundo, el programa de subvención de leche de México, que atiende a seis millones de personas (Banco Mundial 2015d).

Otra política de protección social clave en la región ha sido la alimentación escolar (que operan en 28 países de la región) y su articulación con mecanismos de compras públicas a la agricultura familiar, los cuales fomentan el consumo de alimentos frescos y saludables en las escuelas impulsando el desarrollo local. Según el SOFA, el Programa Nacional de Alimentación Escolar de Brasil, atiende a más de 47 millones de niños.

En el ámbito de las pensiones sociales, destaca la Previsión Rural de Brasil, que asegura una pensión equivalente a un salario mínimo a personas de la tercera edad que se han desempeñado en la agricultura familiar durante su etapa económicamente activa.

El establecimiento de registros únicos de participantes de programas sociales en la región no sólo ha permitido mejorar la efectividad de los procesos de identificación y selección, sino que han fortalecido la optimización de recursos y la capacidad de aumentar la cobertura y calidad de estas intervenciones.