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CIUDAD DE MÉXICO, 15 de febrero de 2016.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al Gobierno mexicano que se haga una investigación imparcial y exhaustiva de la riña que se dio en el interior del penal de Topo Chico, Monterrey, hecho que dejó 49 personas muertas y 12 lesionadas.
En un comunicado, el experto en derechos humanos de la ONU, Juan E. Méndez, urgió a que se deleguen responsabilidades legales tanto de reclusos que participaron en los eventos, así como de autoridades penitenciarias.
“Exhorto a las autoridades mexicanas a garantizar el derecho de los familiares a saber la verdad acerca de lo acontecido, a una identificación pronta de las personas fallecidas que aún se desconocen sus nombres, a una entrega digna de los restos de las personas fallecidas y a una atención médica de calidad a los heridos.
“La investigación debe conducir también a la reparación de las víctimas y sus familiares, lo que incluye las garantías de no repetición de los hechos acontecidos que se traduzcan en una mejora sustancial en las condiciones de detención del Penal de Topo Chico”, dijo el experto, quien respaldó a su vez la decisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México para atraer el caso e investigar los hechos.
Méndez destacó que durante su visita oficial a México en 2014 se encontró con serios problemas de autogobierno y violencia en los penales nacionales, incluido el de Topo Chico.
Además de que verificó que las supuestas medidas de protección a los detenidos eran lamentables, incluso las situaciones de hacinamientos y sobrepoblación que se viven en las cárceles mexicanas.
“Allí pude constatar que la flexibilidad excesiva en el régimen a la que está sujeta la población detenida conducía al autogobierno y situaciones de violencia en el penal.
“También pude verificar supuestas medidas de protección a detenidos que derivaban en situaciones de hacinamiento extremas”, dijo.
En su informe Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el experto hizo clara referencia a una infraestructura deteriorada, a condiciones sanitarias penosas, a la mala calidad de la comida, a sanciones de aislamiento en condiciones deplorables y a tratos crueles, inhumanos y degradantes a personas con discapacidad, entre otras violaciones manifiestas a los derechos humanos.
“Esta información también la compartí con las autoridades de Topo Chico el mismo el 27 de abril de 2014, al concluir mi visita al centro de privación de la libertad”, dijo el Relator Especial.
El experto de la ONU recordó que, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, el Estado asume una posición especial de garante de los derechos de las personas privadas de libertad.