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CIUDAD DE MÉXICO, 2 de mayo de 2016.- Ante el frecuente descubrimiento de fosas clandestinas, la desaparición de personas en distintos lugares del país y la urgencia de aclarar cada caso, el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, expresó frente a familiares de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil la necesidad de confiar en las instituciones y transitar por la vía del Derecho en las investigaciones. Al mismo tiempo, llamó a las instituciones responsables de las indagatorias a realizar su trabajo de manera expedita, ética y profesional, informó la Comisión a través de un comunicado.
Afirmó que para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es prioritario atender a los familiares de las víctimas de estos dolorosos acontecimientos, y reiteró el compromiso institucional de no dejar esto en el olvido, detectar las violaciones a derechos humanos y exigir la verdad y el acceso a la justicia; enfatizó que es deber del Estado mexicano garantizar estos derechos. En ocasiones las familias, en su desesperación, se ven obligadas a hacer lo que en principio le corresponde a la autoridad. La CNDH entiende y se solidariza con las familias e insistirá ante las autoridades de todos los niveles que cumplan con su obligación y ejerzan sus facultades.
Durante una reunión de trabajo que sostuvo con una veintena de miembros de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, organizaciones defensoras de derechos humanos, familiares de desaparecidos, académicos y funcionarios de diferentes dependencias federales, como Procuraduría General de la República, Comisión Nacional de Seguridad y Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Gonzalez Pérez enfatizó la preocupación de la CNDH por tan lamentable situación.
En el encuentro, efectuado en instalaciones de la CNDH, luchadores sociales y familiares de las víctimas de desaparición solicitaron la intervención de este Organismo Nacional debido a la omisión, indiferencia y falta de disposición que han enfrentado por parte de funcionarios públicos de distintas instancias del estado de Morelos.
Señalaron que la Fiscalía General de Morelos ha inhumado los cuerpos en ese tipo de fosas, sin permisos y de manera clandestina, sin documentar esas acciones ni realizar las investigaciones a que está obligada.
Expresaron su temor de no encontrar a sus familiares, luego de que la Fiscalía “les amenazó” con desenterrar y manipular los restos de diferentes fosas clandestinas en la entidad.
Como muestra de colaboración para que pueda conocerse la verdad y obtengan justicia, el Presidente de la CNDH propuso gestionar vías de encuentro con la Procuradora General de la República, Areli Gómez, y con el Gobernador de Morelos, Graco Ramírez.
Instruyó al Secretario Técnico de la CNDH, Joaquín Narro Lobo, a organizar una reunión de logística con la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en tanto que al Segundo Visitador General, Enrique Guadarrama López, pidió agilizar la investigación sobre las fosas en Tetelcingo, Cuautla, y dar seguimiento a las medidas cautelares solicitadas por este Organismo Nacional para preservar el lugar.
Luego de que los asistentes expusieran sus puntos de vista, González Pérez coincidió en la necesidad de articular esfuerzos entre la CNDH y la ciudadanía para llegar a la verdad y aplicación de la justicia. Esta institución, que es su aliada, dijo, dará mayor impulso a su responsabilidad y compromiso en las investigaciones que lleva a cabo.
Les ofreció que, en el marco de las atribuciones legales de la CNDH hará las gestiones ante las autoridades, para exigir el avance en las investigaciones.
Entre otros, habló la madre de un joven, quien denunció que tras el secuestro y asesinato de su hijo en 2013, su cuerpo fue enviado a una de esas fosas clandestinas, pese a que esa autoridad contaba con muestras de ADN y el reconocimiento de sus familiares.
En la reunión estuvieron presentes Carlos Cruz, Itzia Miravalle y Armando Barrera, de Cauce Ciudadano; Juan Carlos Trujillo, de la Brigada de Búsqueda de Desaparecidos y de Enlaces Nacionales; Alejandro Vera, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; Jaime Rochín, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; Javier Sicilia, dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México; Roberto Villanueva, coordinador del Centro de Atención a Víctimas de la UAEM; y Carlos Moreno, de la Red de Eslabones, además de familiares de personas desaparecidas.