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MÉXICO, DF, 19 de marzo de 2015.- El PAN y PRD en la Cámara de Diputados concordaron que sería prudente que ambos Congresos construyan un acuerdo para que en San Lázaro se apruebe la Ley de Transparencia, mientras que en la Cámara Alta se procesen las reformas para crear el Sistema Nacional Anticorrupción.
Por separado, el coordinador parlamentario del PAN, Ricardo Anaya Cortés, aseguró que una reforma integral en materia de transparencia, no funcionará en tanto no se apruebe la legislación en materia de combate a la corrupción.
Asimismo, el coordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, concordó que la Cámara de Diputados debe allanarse a la minuta remitida desde el Senado sobre Ley General de Transparencia y de Información Pública, para no obstaculizar el proceso y a más tardar la segunda quincena de abril sea discutida en el Pleno.
“Que quedé preparada para que en la próxima legislatura no haya pretexto y se cumpla con todo lo que establece la Ley de Transparencia”, indicó el perredista.
Anaya Cortés hizo un llamado a los senadores para dar celeridad y prioridad a la discusión de la reforma donde se crea el Sistema Nacional Anticorrupción.
“Deben salir ambas reformas, una sin la otra no va a funcionar, tanto transparencia como anticorrupción son complementarias”, señaló el panista; mientras que el perredista coincidió que “ambas embonan”.
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Julio César Moreno Rivera, también se sumó a los legisladores que exhortan al Senado a abordar con celeridad el Sistema Nacional Anticorrupción, de la misma manera que el Congreso de San Lázaro desahogaría la Ley General de Transparencia.
“Esta reforma va a ser trascendental, obliga a entes públicos y privados a la transparencia”, aplaudió el perredista.
Expuso que la Cámara de Diputados ha turnado al Senado unas 194 minutas, de las cuales sólo han regresado unas 90 y cerca de 100 están pendientes, entre ellas la de anticorrupción.
La minuta que expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información fue recibida este día en San Lázaro y turnada inmediatamente a la Comisión de Gobernación, con opinión de la de Transparencia y Anticorrupción.
El documento establece los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, entes autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.
También de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, estados y municipios.
Los objetivos destacables de esta ley son distribuir competencias entre los organismos garantes de la Federación y las entidades federativas, en materia de transparencia y acceso a la información, y sentar las bases mínimas que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información.