Lleva el río Suchiate un incesante flujo de contrabando

MÉXICO, DF, 12 de octubre de 2014.- El río Suchiate, que divide los territorios de Guatemala y México, transporta en su corriente enormes balsas artesanales que trasladan cada día toneladas de mercancías entre un país y otro, la mayor parte de manera ilegal, destaca un amplio reportaje que publica el sitio estadounidense especializado en seguridad In Sight Crime.

Ahí, a la vista destaca la aduana de Tecún Umán, pero pocos se inclinan por el papeleo de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y luce semivacía en contraste con el incesante flujo de embarcaciones que surcan el Suchiate incansablemente.

“Es una realidad que estamos viviendo del contrabando, pero hay que saber que en este pueblo es una cultura trabajar en esto, es la única fuente de trabajo que se tiene en Ayutla”, dice a los reporteros estadounidenses Guadalupe Polanco, de 48 años, 23 de los cuales los ha repartido entre México y Guatemala debido a su trabajo como “camarera” en el río Suchiate. Su trabajo es remar, vencer las corrientes y pasar de un país a otro cualquier tipo de producto, incluidas personas, pues para ella no hay diferencia.

Guadalupe cuenta que cada vez llegan menos personas al Suchiate porque tienen miedo, se sienten intimidadas. ¿Qué los intimida? “Las autoridades que no nos permiten seguir trabajando porque se dice que este es un paso de contrabando y que trabajamos ilegalmente”.

Según lo observado durante la tercera semana de julio, cada hora llegan de una orilla a otra aproximadamente seis balsas cargadas con productos como: huevos, leche, cereal, papel higiénico, servilletas, café, frijol, arroz, entre muchos otros. En la frontera de Guatemala y México, las autoridades del Ejército guatemalteco dijeron haber detectado 20 puntos ciegos hasta febrero de 2012, pero en diciembre de 2013 la cifra ascendió a 65.

“Del lado guatemalteco casi no pasan cosas para el otro lado, solo verdura”, afirma otro balsero que ha trabajado ahí por más de una década. La mayoría de los entrevistados admitió que lo que transportan es ilegal o de contrabando. ¿Temen ir a la cárcel por esa actividad? “Sí”, respondieron todos, pero más miedo les da dejar a sus hijos sin comida.

Los balseros hablan con tranquilidad del tema, viven su rutina como cualquiera, pero a kilómetros de la frontera, en las oficinas del Estado y en los burós de los empresarios los nervios se exacerban cuando se aborda el tema del contrabando.

Estudios como el titulado Una revisión del panorama fiscal en Guatemala, las dificultades que se presentan y las posibles soluciones para enfrentar dichos retos, de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), estima que esa actividad podría generar pérdidas al fisco por hasta unos 755 millones de dólares anuales, lo cual representa alrededor del 1,6 por ciento del PIB y supera lo asignado en el presupuesto de este año a cada una de las tres carteras más importantes del Estado: Salud US$ 651 millones, Gobernación US$ 564 millones y Defensa US$ 259 millones.

No obstante, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional para la Prevención y Combate de la Defraudación Aduanera y el Contrabando (Conacon), Manuel Chocano, calcula que las pérdidas por ese ilícito no son menores a los mil 600 millones al año.

A esos cálculos se suma una tercera opinión, la del ministerio de Finanzas Públicas, que considera que la pérdida por defraudación en aduanas está entre 780 millones y mil millones de dólares anuales.

Luis Valladares es triciclero, su trabajo es el siguiente eslabón en la cadena del “contrabando hormiga”, como es conocida esa actividad en el Suchiate. Cuando las balsas llegan hasta la orilla guatemalteca, él se apresura a ofrecer su servicio de transporte de tres ruedas. Carga su triciclo con todo el producto y lo traslada pedaleando hasta la terminal, el mercado o cualquier comercio pequeño de Ayutla. Hace 28 años hace lo mismo.

A Luis no le cuesta calcular, pues su mamá vendía comida a la orilla del Suchiate cuando él apenas era un niño y con eso le pagó sus estudios. Se graduó de perito a los 19 años y empezó a trabajar en un banco de Ayutla, donde no ganaba más de 234 dólares al mes. Tuvo que regresar al río porque el dinero ya no le alcanzaba, entonces se volvió triciclero y cada día traslada quintales de mercadería en su vehículo de tres ruedas, que pedalea bajo el incesante sol de San Marcos.

“Yo tengo tres niños y les debo dar educación. Aquí gracias a Dios por medio de este trabajo sale para eso, pues cobramos 10 quetzales (1.3 dólares) a la terminal, cinco al parque, a veces vamos a echar unas vueltas con turistas y ganamos un poquito más y gracias a eso redondeamos un sueldo de 3 mil a 3 mil 100 al mes, aunque hay días malos”, dice.

La defraudación tributaria y la defraudación aduanera, se tipifican como delitos en el Código Penal y la Ley Contra la Defraudación y el Contrabando Aduaneros de Guatemala. No obstante, el estudio “La eficiencia de la captación fiscal por la vía judicial”, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) señala que la efectividad de la persecución penal de los delitos tributarios (entendida como la aplicación de una sentencia condenatoria o de un mecanismo simplificador del proceso penal), no supera el 10 por ciento de los casos judicializados, lo que significa que el 90 por ciento de los delitos tributarios que se denuncian en el Ministerio Público (MP) no se resuelven. El mismo informe revela que los montos recuperados por la vía penal, equivalen al 2,7 por ciento del total de los casos.

“Es un mal necesario”

Para un buen número de pobladores que viven cerca del Suchiate, el contrabando es un acto de rutina, una forma de subsistencia diaria. Pero, ¿Qué tendría que decir al respecto una autoridad como Erick Zúñiga, alcalde de Ayutla, sobre ese tipo de actos que la ley guatemalteca sanciona con prisión?

“Hablar del contrabando tiene sus raíces, estamos hablando de 70 años atrás, esto ya se culturizó en nuestro pueblo y en nuestro municipio es algo normal ver esto. La gente ha ido heredando esos puestos. Un camarero o triciclero gana entre 70 y 100 quetzales al día, nadie se va a hacer rico con esa cantidad. Como alcalde te puedo decir que no soy la persona competente para poder interferir en eso. No voy a quitar en un año algo que tiene 70 años de existir”.

Además de presidir la Municipalidad de Ayutla por segundo período y creer que el contrabando es una “cultura” en su municipio, Zúñiga es hombre con un presente turbulento: el 1 de agosto de 2013, el Juzgado de Extinción de Dominio resolvió pasar a nombre del Estado ocho fincas expropiadas a un testaferro de Juan Alberto Ortiz López, alias ‘Juan Chamalé’, extraditado en mayo hacia Estados Unidos por supuesto trasiego de cocaína a ese país desde 1998. Pero la judicatura también ordenó que se iniciara una investigación por lavado de dinero contra cinco hombres que realizaron transacciones monetarias con Chamalé, entre ellos el alcalde de Ayutla.

El 13 de junio de este año, la Fiscalía contra el Lavado de Dinero del MP, allanó la Municipalidad de Ayutla para secuestrar información de los arbitrios municipales de cinco cambistas, quienes trabajaban en las orillas del Suchiate cambiando pesos mexicanos por quetzales. Estas personas fueron detenidas el 3 de diciembre de 2013 junto a 18 más. Según las investigaciones, la estructura criminal habría lavado US$ 48 millones entre ambos países. Entre los detenidos figuraban: Emilio Meoño Barrios, quien fungía como concejal de Ayutla y tesorero del equipo de fútbol del municipio, y Érika Eugenia Villagrán Agustín, cuñada de Érick Zúñiga.

(El artículo completo en inglés en http://www.insightcrime.org/news-analysis/guatemala-and-the-de-facto-legalization-of-contraband.)