Llevan iniciativa de ley para prevenir y sancionar desaparición forzada

MÉXICO DF, 3 de septiembre de 2015.- Integrantes de diversas organizaciones civiles encabezadas por familiares de personas desaparecidas y ausentes, entregaron al Senado de la República una iniciativa de ley para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada, proyecto que se sumaría a varias iniciativas pendientes de dictaminar en comisiones.

Entre los puntos retoma esta iniciativa de ley es la creación de fiscalías especializadas para realizar la búsqueda de personas desparecidas por agentes del Estado y particulares, así como la instauración de un Instituto de Investigación Forense encargada de resguardar el banco genético de ADN y un lugar específico para resguardo de los cuerpos localizados sin identificar.

“Lo que hemos planteado las organizaciones es la necesidad de no incinerar aquellos cuerpos que han sido localizados porque después no puede hacerse el cotejo de identificación, por eso esta ley contempla la investigación forense que debe ser muy cuidadosa”, precisó Nadin Reyes del Comité Hasta Encontrarlos y vocera de las organizaciones.

Además, la iniciativa en la que participaron… propone la declaración de ausencia por desaparición y la reparación integral del daño, entendida esta no solamente como la indemnización sino el derecho que tenemos como familiares al acceso a la verdad, a la justicia y a la no repetición de estos delitos y establece la tipificaciones de estos delitos de desaparición forzada y de desaparición cometida por particulares, de acuerdo con la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

“Creemos que también se debe especificar las sanciones y las penas para uno y otro delito, porque hay diferencias en su investigación y castigo, además de la creación especifica de un registro nacional de personas  desparecidas”, puntualizó la activista.

En este sentido, aseveró que el actual registro bajo resguardo de la Secretaría de Gobernación no contempla ni el 80 por ciento de los casos de desaparición forzada que han sido denunciado por las organizaciones de familiares, por lo que las cifras gubernamentales distan mucho de la realidad.