Médula

La impunidad ya no asombra

¿En serio nos sorprende que haya miles de asesinatos, desapariciones, secuestros y extorsiones sin resolver? ¿Que El Chapo se escape por segunda vez de una cárcel de máxima seguridad y sea casi un héroe popular? ¿Que en los spots para su localización se diga que está condenado a prisión y no prófugo como es la palabra correcta? ¿El despido de funcionarios que son menores en proporción a la magnitud del hecho?

¿El hilo más delgado? ¿Arrojar a los leones al menos poderoso? La impunidad de la clase política no es ninguna noticia en México. Lo relevante sería que se aplique la Ley a cualquiera de sus miembros que la viole o incurra en responsabilidades, a cualquier nivel, porque son quienes deben dar el ejemplo y tienen el compromiso moral y legal (en el caso de quienes gobiernan) de perseguir y castigar los delitos. Así debería ser.

Pero lo que es, y existe, es la aplicación selectiva, a quienes pierden la simpatía del gobierno en turno. Al amigo justicia y gracia, al enemigo, la Ley a secas.

A la ex líder magisterial Elba Esther Gordillo y al ex gobernador de Tabasco Andrés Granier se les detuvo; los ex gobernadores Humberto Moreira de Coahuila y Luis Armando Reynoso Femat de Aguascalientes, están libres, aunque Reynoso enfrenta actualmente procesos en su contra.

Recientemente la Procuraduría General de la República (PGR) presentó una denuncia contra ocho gobiernos estatales que se presume desviaron 8 mil millones de pesos, de partidas federales para los rubros de salud, seguridad pública, educación básica y normal. Varios diarios de circulación nacional detallan que el estado de Veracruz suma 15 denuncias; Michoacán, 11; Guerrero, 8; Colima, 7; Oaxaca, 5; Chiapas, 4; Tabasco, 3 y Tlaxcala, 2. Las demandas se derivaron de una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a las cuentas públicas de 2008, 2009, 2010 y 2011, durante la cual el órgano fiscalizador detectó que simularon la devolución de dinero que se les reclamó como parte de las diversas irregularidades que les fueron observadas.

¿El modus operandi? La ASF les hacía las observaciones, los gobiernos estatales depositaban el dinero correspondiente en una cuenta bancaria, y una vez que la ASF daba por solventadas las anomalías lo retiraban sin que se sepa el destino final de esos recursos (Periódico Metro, domingo 19 de julio de 2015). ¿Quiénes gobernaban en los estados involucrados durante el periodo auditado? En Veracruz la revisión comprende los periodos de Fidel Herrera Beltrán (2008, 2009 y 2010), y el primer año de Javier Duarte de Ochoa (2011); en Michoacán, Leonel Godoy Rangel; en Guerrero gobernaba, Zeferino Torreblanca Galindo.

En Colima la auditoría abarca los dos años de Jesús Silverio Cavazos Cevallos (asesinado al concluir el mandato que ganó en elecciones extraordinarias tras el accidente aéreo en que murió el anterior gobernador Gustavo Vázquez Montes), y los tres primeros del actual gobernador, Mario Anguiano Moreno.

En Oaxaca comprende los últimos dos años y medio del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz y el primero y medio de Gabino Cué Monteagudo; en Chiapas, la administración de Juan Sabines; en Tabasco, la de Andrés Granier (preso por similares motivos); en Tlaxcala abarca el periodo de Héctor Ortiz Ortiz y el inicio del actual gobierno de Mariano González Zarur. ¿Quiénes serán alcanzados por el largo brazo de la justicia y quiénes cobijados en el seno protector del sistema político? Mejor dicho.

¿Cuántos correrán la mala suerte de Elba Esther y Granier, y cuántos tendrán la buena estrella de Moreira y Reynoso Femat a siete años de que se les detectaron las primeras irregularidades? Las primeras denuncias por este caso se presentaron en agosto de 2013 y las últimas en noviembre de 2014. En un país donde los gobernantes violan la Ley que juran cumplir y hacer cumplir, en el que la justicia no es pronta ni expedita, mucho menos cuando se trata de enjuiciar a los poderosos ¿qué nos puede sorprender la impunidad? Lo dicho. Noticia sería que todos ellos, estuvieran ya sujetos a procesos penales. Todo lo demás, es simulación. Por cierto…

¿Qué pasó con la investigación prometida por el presidente Enrique Peña Nieto en 2013 a los damnificados por los huracanes Ingrid y Manuel en Acapulco? Sí. Es la que ordenó a la Sedatu para sancionar a los ex alcaldes que autorizaron cambios de uso de suelo y dieron permisos de construcción en zonas inundables. ¿Impunidad? ¿Cómo creen? ¿Lentitud? ¡Apenas van dos años! [email protected]