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CIUDAD DE MÉXICO, 30 de mayo de 2016.- Aunque a nivel nacional, los Comedores Comunitarios han reducido 38 por ciento de la inseguridad alimentaria severa en los hogares que no cubren el costo de la canasta alimentaria con su ingreso total, según datos de la Secretaría de Desarrollo Social, cuatro de cada 10 personas que acuden a estos espacios son niños de cero a 11 años de edad.
Al celebrar los esfuerzos del Sistema Nacional de Comedores Comunitarios para llevar alimento sano, variado y suficiente a personas en condición de pobreza, el Gobierno federal destacó que hay 10 mil 656 comedores en todo el país, de los cuales cinco mil 142 son de Sedesol, cinco mil 361 del DIF, y 153 del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol).
El 97 por ciento de los comedores se encuentran en municipios con alta y muy alta concentración de personas en condición de pobreza extrema alimentaria, de acuerdo con información de la dependencia federal.
Particularmente, los comedores de la Sedesol, resaltó que cuentan con un promedio de 109 a 120 beneficiarios por comedor con dos raciones de alimento diarias.
Además, 88 por ciento que acuden a estos lugares son comensales y 12 por ciento voluntariado, en su mayoría mujeres (97 por ciento) que preparan diariamente, más de 1.1 millón de raciones de alimentos para personas con vulnerabilidad alimentaria.
En agosto de 2013, se inauguró el Sistema Nacional de Comedores Comunitarios de la Sedesol, en Tlapa de Comonfort, Guerrero, refirió la Oficina de la Presidencia de la República.
Estos comedores se consolidaron también como espacios comunitarios y productivos donde los usuarios se desarrollan profesional y personalmente, y se atiende a menores a través de una mejor alimentación, fortaleciendo su desarrollo físico y neurológico.
Al formar los Comedores Comunitarios parte de la Estrategia Nacional de Inclusión, el Gobierno de la República refrendó los objetivos de relanzar y fortalecer de la Cruzada Nacional contra el Hambre, así como acompañar a los gobiernos locales a fin de fortalecer la coordinación institucional para garantizar derechos sociales de su población y beneficiarios.
Dicho reforzamiento incluye el mejoramiento de infraestructura y calidad de vida de beneficiarios, graduación productiva, promoción de cohesión social y rendición de cuentas.