México, sin herramientas para resolver conflictos de intereses

MÉXICO, DF, 9 de septiembre de 2014.- Las leyes mexicanas arrastran un vacío histórico que no ha permitido regular los conflictos de intereses que involucran a servidores públicos y, a diferencia de otros países, México se ha omitido legislar sobre este tema para combatir la corrupción, destaca la primera edición de Noticias MVS.

Por ello es preciso crear la figura de “declaración de interés” a la par de la “declaración patrimonial” que ya existe en la ley, para que los servidores difundan en qué áreas pueden tener una potencial disyuntiva entre su labor e interés privado, destaca.

En el país han ocurrido tres casos recientes que ejemplifican el vacío legal en el tema, entre los que destacan el del político Jesús Ramírez Stabros, que compaginó sus labores como coordinador de vinculación de la presidencia con su puesto de consejero independiente de la empresa española Iberdrola, por lo que ya fue demandado ante las autoridades ibéricas.

Durante mayo pasado, en el marco de la discusión de las leyes secundarias en materia energética, se difundió que el secretario de energía, Pedro Joaquín Coldwell, es accionista de empresas gasolineras.

Eduardo Bohorquez, director de la organización Transparencia Mexicana, explicó que la “declaración de intereses” es un instrumento para prevenir actos de corrupción.

“El tema de ‘declaración de intereses’ se concentra en los potenciales conflictos de interés que un servidor público tendría que dejar manifiestos y expresos antes de tomar posesión del cargo para evitar que estos se presenten, es una declaración preventiva y no tiene que ver sólo con la propiedad de acciones sino, por ejemplo, con el individuo, el servidor público o legislador, se siente en algún consejo de administración aunque no sea remunerado por ese tema”, destaca la información de MVS.

“Un paso que ha funcionado muy bien en muchos otros países… de tal manera que si vas a ser funcionario o diputado y tienes acciones en una empresa, aunque ahorita no sepas que esa empresa pueda entrar en conflicto con tus decisiones como político o servidor público, de una vez lo que haces es deshacerte de esas acciones o participaciones en juntas directivas”.

Ambos especialistas señalan que el conflicto de intereses no está regulado a fondo, a pesar de que es mencionado en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Dicha ley, en su artículo 8, señala que los servidores públicos deberán excusarse en aquellos asuntos en que tengan interés personal, familiar o de negocios y que puedan generarles un beneficio privado.

Para Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana, la falta de regulación sobre los conflictos de intereses es una de las tantas causas que colocan a México en el lugar 106 de 177 en el índice de corrupción internacional.

Además, el especialista consideró que es insuficiente la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto para crear una comisión o una fiscalía anticorrupción, la cual lleva congelada más de año y medio en el congreso.

“Hay que decirlo con todas sus letras, a veces pensamos que la lucha contra la corrupción se puede concentrar en una sola figura o en gran zar que atienda todos los casos de corrupción, cuando en realidad lo que funciona en las sociedades que han podido enfrentar con mayor éxito este problema es un conjunto de instituciones y mecanismo, uno de ellos, y por eso chile está 70 lugares arriba de mx en el índice de la percepción de corrupción de transparencia internacional. uno de esos mecanismos es la declaración de intereses.

En el caso de Ramírez Strabos e Iberdrola, Bohorquez consideró que es legítimo tener intereses siempre que no interfieran con sus labores.

“No hay nada ilegal en tener intereses… el problema es que los intereses no estén sobre la mesa. Lo que es muy importante es que desde el principio de una encomienda, uno los establezca, para ver si efectivamente existe o no un conflicto de intereses en cada una de las decisiones que puede tener un funcionario”.

Los expertos coincidieron en que la falta de regulación también se debe a que la clase política se ha beneficiado históricamente por los conflictos de intereses, de ahí que sean omisos en la regulación.

Además, David Arellano, del CIDE, consideró que el actual sistema no previene conflictos de intereses.

“Más vale prevenir, es un poco lo que en otros países han hecho, en México nuestra ley está diseñada más bien para investigar cuando ya sucedió el asunto  y está diseñado para que quien lo investigue no tenga mucho tiempo ni dientes ni armas para castigar, que son las auditorías internas. Ahí tenemos un problema, la legislación es pobre y no tenemos los instrumentos para aplicarla”

Guillermo Ávila, de la organización Fundar, explicó que sólo la Cámara de Diputados tiene una figura para que los legisladores puedan excusarse de temas en los que tienen intereses, pero su aplicación se desconoce.

En 2007, el Senado aprobó una minuta que reformaba el artículo 62 de la constitución, para evitar que los legisladores pudieran incurrir en conflicto de intereses. Pero la reforma nunca se aprobó por la Cámara de Diputados y fue olvidada.