Revira Fernández Noroña ante amago de Trump sobre aranceles
MÉXICO, DF., 18 de agosto de 2014.- En México vivimos una ciudadanía truncada, donde el ejercicio de nuestros derechos está sujeto a una cadena de favores y a una economía de mercado que solamente garantiza el acceso a sus garantías para aquellos que cuentan con los recursos para pagarlas, aseveró Clara Jusidman Rapoport, integrante de la Asamblea Consultiva y Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, esto en el marco de la presentación del Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014-2018.
La activista advirtió que el éxito del programa propuesto por el gobierno federal dependerá del reconocimiento de las dependencias en torno a sus obligaciones en materia de discriminación y obstáculos que dificulten eliminarla; de la armonizar legislación, normas y procedimientos a fin de lograr que las políticas programas y presupuestos se realicen en condiciones de igualdad y sin sesgos; además, de la generación de sistemas de monitoreo, evaluación y participación ciudadana.
Asimismo, Jusidman Rapoport resaltó que es necesario eliminar el maltrato en las ventanillas de trámite por parte de los funcionarios que trabajan en servicios, seguridad, educación y salud, entre otros, inclusive en las oficinas de contratos de adquisiciones o contratación de personal que atienden a proveedores o aspirantes de empleo.
“Con frecuencias esas posiciones se asumen como espacios de poder que ejercen de forma discriminatoria y abusiva sobre las personas que acuden a las instituciones a solicitar un servicio o realizar un trámite, a presentar una queja o a solicitar información”, precisó.