Militares tenían orden de respetar derechos humanos en Tlatlaya: Sedena

MÉXICO,DF,. 4 de julio de 2015.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reviró las afirmaciones sostenidas por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez ( Centro Prodh)  en su informe sobre la muerte de 22 civiles en Tlatlaya, en el cual se presume que la orden que recibieron los efectivos del 102 Batallón de Infantería de la 22 Zona Militar fue abatir delincuentes.

Mediante un comunicado,  la Sedena señaló que el documento orden de mando y designación – en el cual el Centro Prodh presume se ordenó a los militares «abatir delincuentes en horas de oscuridad»-  contenía una serie de instrucciones operativas para el relevo de la base de operaciones de San Antonio del Rosario, Estado de México, que mandataba el respeto de los derechos humanos.

La Sedena refirió que mediante 38 indicaciones, se buscó proteger la vida de las personas y la seguridad de las tropas y privilegiar el respeto a los derechos humanos, lo que se acredita en varios párrafos del documento, tal y como se aprecia en las siguientes citas:

“…actuando en forma contundente y conforme a derecho, prevaleciendo en todo momento el respeto a los derechos humanos y a la observancia de la ley para prevenir y sancionar la tortura…”.

“…la prioridad durante las operaciones será garantizar la seguridad de las personas inocentes, evitándose generar víctimas colaterales…”.

“…las operaciones deben realizarse con estricto respeto a los derechos humanos, evitando cateos sin orden de la autoridad judicial, así como el traslado de detenidos al interior de instalaciones militares…”.

“…deberá apegarse a lo establecido en la “directiva que regula el uso legítimo de la fuerza por parte del personal del ejército y fuerza aérea mexicanos, en cumplimiento del ejercicio de sus funciones en apoyo de las autoridades civiles” y en la ley federal de armas de fuego y explosivos…”.

La Secretaría de la Defensa Nacional concluyó que a partir de la totalidad del documento, se desprende que su propósito es que las operaciones del personal castrense se ajusten al marco jurídico vigente que contempla el respeto irrestricto a los derechos humanos.