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MÉXICO, DF, 14 de octubre de 2015.- Pese a haber rendido protesta de decir verdad, el ex Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, mintió a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, en torno a la fuga de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo del Penal de Máxima Seguridad del Altiplano.
Esto luego del video con audio dado a conocer en la emisión de Primero Noticias conducido por Carlos Loret de Mola, donde se revela a detalle el momento de la fuga de Guzmán Loera y la tardía reacción de las autoridades.
De acuerdo con Rubido García en la reunión con la Comisión Bicameral del 16 de junio en la Junta de Coordinación Política del Palacio Legislativo de San Lázaro, la alerta de la fuga se habría dado un minuto después de percatarse de la ausencia del reo, sin embargo en el vídeograma en posesión de Televisa, se evidencia que fueron 20 minutos los que tardaron en acudir a la celda del procesado.
Entre las inconsistencias del entonces Comisionado de Seguridad, también destacó Encinas que el funcionario aseguró que personal de custodia inició la persecución seis minutos después e insistió que al momento de la desaparición se emitió el “Código Rojo”, sin embargo el video filtrado a la televisora acreditó que fue hasta tres horas con 24 minutos después cuando se dio aviso a todas las autoridades.
Además, Encinas Rodríguez, señaló que la Secretaría de Gobernación le negó a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional la entrega del vídeo con audio, mismo que dijo, le fue entregado a Televisa a manera de filtración desde el gobierno federal.
Ante dichas revelaciones, el legislador integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, adelantó que llamarán al grupo de trabajo a una reunión y buscarán la comparecencia ante el Senado del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong para informar de la filtración del video, el ocultamiento de información y el nivel de los funcionarios coludidos.
Por último, Encinas Rodríguez, añadió que deben iniciarse los procedimientos penales, administrativos y políticos contra los funcionarios que faltaron a la verdad durante las reuniones en la Comisión Bicameral, así como en las comparecencias oficiales ante el Congreso de la Unión.