Del derecho al hecho/ Guillermo Zepeda Lecuona

[Del derecho al hecho…]

Se ha referido en los últimos meses por parte de los gobiernos municipales entrantes que se impulsa una nueva concepción de la seguridad ciudadana basada en la metodología de ONU HABITAT, de los diagnósticos participativos sobre las violencias en la ciudad y las buenas prácticas que se han documentado en los servicios de cultura de paz, justicia alternativa, seguridad y policía en otros países y otras ciudades del país.

¿En qué consiste este enfoque? ¿Realmente es una novedad?

ONU hábitat, es una iniciativa de la Organización de las naciones unidas para analizar y plantear propuestas para los problemas asociados a la urbanización como la violencia, las drogas y el delito.

Me gustaría concentrarme en siete características de este enfoque de ver la seguridad ciudadana:

1. Se contempla una visión metropolitana, tanto en el diagnóstico, las propuestas y la operación. No pueden seguir las acciones aisladas e intermitentes en un problema social y un crimen organizado que demandan ser estudiados con profesionalismo y profundidad. No se puede reinventar e improvisar cada tres años. Debe fortalecerse el servicio civil de carrera y garantizar que los directivos y mandos medios de las instituciones de prevención y seguridad tengan el perfil y las competencias necesarias para desempeñar sus encomiendas. Además de fortalecerse el servicio civil, debería crearse un programa o instituto metropolitano de análisis de las violencias y políticas de seguridad.
2. No sólo se analizan los delitos y las manifestaciones de la violencia, sino que se anticipan los delitos atendiendo a los factores de riesgo. Es decir, no sólo se espera a que las personas sean víctimas de la violencia, sino que se detecta y ubica a los grupos de personas o actividades susceptibles de ser victimizadas, es decir, se avalúa la vulnerabilidad. Por ejemplo, no se espera a que el narcomenudeo se extienda en una colonia para atacarlo; si no que se anticipa que en aquellas zonas en las que el desempleo entre jóvenes de 15 a 21 años es tres o hasta seis veces superior al promedio dela ciudad, son zonas muy vulnerables y susceptibles para la proliferación de actividades ilícitas entre jóvenes. Por ello, este enfoque contempla acciones de prevención social, ofreciendo capacitación, alternativas laborales, así como actividades de recreación, cultura y deporte, que reduzcan la vulnerabilidad. Donde hay jóvenes ninis (que ni estudian ni trabajan) es porque hay autoridades ninis (que ni resuelven problemas ni generan oportunidades). Para ello se debe contar con un mapa de vulnerabilidad de la ciudad.
3. Se enfatiza la política preventiva integral por encima de la sanción. Se acepta que son muchas las causas sociales del delito como la desigualdad, la deserción escolar, la desintegración de las familias, el deterioro económico, el crecimiento desordenado la ciudad, entre otros. Por ello las políticas preventivas focalizadas deben atender cada uno de estos factores. Atender las luminarias de los espacios públicos, establecer infraestructura suficiente para el acceso de servicios (entre ellos los de policía), mantener la vigilancia en los complejos habitacionales  y hacer cumplir los reglamentos y normas mínimas de convivencia.
4. Se apuesta por una cultura de la paz y se impulsan los mecanismos alternativos de resolución de controversias. En Jalisco, 35 por ciento de los delitos que se cometen son mediables y sin embargo sólo el uno por ciento de las denuncias se resuelven por la aplicación de estos mecanismos. En Jalisco nos damos el lujo de llevar a averiguación previa nueve mil 600 y mil 800 procesos al año por daño en las cosas derivadas de accidentes de tránsito (mientras que en el D.F. que los canaliza a la justicia alternativa apenas se iniciaron 384 casos). 12 mil pesos de averiguación previa y 14 mil de proceso penal, más 250 pesos por cada día que se estuvo privado de la libertad: 153 millones de pesos al año, cuatro veces el presupuesto del Instituto de Justicia Alternativa. En estados como Guanajuato, Oaxaca, Baja California y Nuevo León más del 24 por ciento de los asuntos se resuelven por justicia alternativa con un costo promedio de dos mil pesos y el 90 por ciento de los acuerdos de reparación se cumplen. Por eso los gobiernos entrantes han ofrecido fortalecer y ampliar la cobertura de sus centros de mediación.
5. La policía es eslabón decisivo en las acciones de reacción para salvaguardar la integridad física y patrimonial de los ciudadanos. La prevención social y situacional del delito reduce las manifestaciones de las violencias y la justicia alternativo atiende los conflictos y delitos no violentos y de menor gravedad. Entonces se puede disponer de mayores recursos materiales y humanos para combatir eficazmente a los delitos de alto impacto que son los que nos han robado la calma y que alimentan la percepción social de inseguridad. La capacidad de reacción, coordinación y comunicación; la video vigilancia, la preservación de la escena del delito y la coordinación con las autoridades encargadas de procurar justicia son decisivos.
6. Las políticas y los programas no se centran en las intuiciones de los funcionarios ni en las parcelas burocráticas, sino que se orientan a las necesidades de las víctimas. En Jalisco sólo se reporta uno de cada veinte delitos que se cometen. Además de que las personas consideran que no sirve de nada denunciar, porque no se ven resultados plausibles, 17 por ciento de los encuestados en nuestra ciudad en las encuestas de victimización refieren que es muy costoso. Se deben impulsar más centros de denuncia y seguir la buena práctica que en el mismo lugar que se denuncie se atienda a la víctima, se brinden servicios de mediación y se tenga disponible personal para atender e investigar las denuncias.

Mientras en Jalisco se tarda en promedio entre dos y tres horas en recibir una denuncia, en Baja California, se cuenta con la certificación ISO 9001-2008 con la que se compromete a brindar la atención a los usuarios en a más tardar en 17 minutos.

Y se debe extender la noción de “la ruta de la víctima”. En lugar de que las víctimas tengan que realizar la “visita de las siete casas” peregrinando primero por un parte de lesiones y valoración médica, para luego ir a recibir en otro lugar atención sicológica, después terapia, trabajo social, etc., se deben reunir bajo un mismo techo todas las dependencias que sirven y atienden a las víctimas.

1. Lo que no se mide no se puede mejorar. La metodología de ONU-Habitat exige que se establezca con indicadores precisos la situación o diagnóstico actual, se señale cuáles serían los niveles ideales u óptimos en que se debería estar y después se establezcan metas y tiempos para avanzar hacia los escenarios ideales.

Se trata desde luego de un alentador y profundo cambio de paradigma después de tres lustros de cuadruplicar el número de internos en prisión, sin que los jaliscienses nos sintamos más seguros, se enfatiza en atender las causas y no sólo reprimir los síntomas, impulsa políticas transversales.

Las ofertas de los primeros días de gobierno han generado expectativas muy positivas en los ciudadanos. Congruentes con la metodología de ONU Habitat, las administraciones municipales han comprometido con metas perentorias para los primeros cien días de gobierno que buscan desarrollar estas buenas prácticas e innovar en la gestión de la seguridad.

Esperamos que por el bien de la ciudadanía estas expectativas no se vean defraudadas. En breve podremos comentar en este espacio los resultados y los faltantes en estas primeras acciones.

*Guillermo Zepeda Leucona Es abogado por la Universidad de Guadalajara. Maestro en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Sociología jurídica. Se ha especializado en temas sobre desarrollo institucional, reforma judicial; seguridad ciudadana y justicia penal. Miembro correspondiente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Entre 2005 y 2009 coordinó la “Red de Investigaciones sobre Reformas Penales Comparadas”.