Momento de que el Estado asuma su responsabilidad: De la Peña Gómez

MÉXICO, DF, 8 de noviembre de 2014.- Ante la crisis que atraviesa el país ante el caso Ayotzinapa, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña Gómez, destacó que es momento de asumir responsabilidades, mostrar sensibilidad y voluntad política por parte de todos los grupos parlamentarios y del partido en el gobierno, y aprobar las iniciativas contra la desaparición forzada e involuntaria de personas.

«Esto será el primer paso que, como Estado, demos para responder a las miles de víctimas de este terrible delito», sentenció la legisladora.

Esto, dijo, a pesar de los avances sustanciales en la protección de los derechos humanos a partir de la reforma constitucional de 2011, hoy más que nunca el Estado mexicano muestra la debilidad de sus instituciones al mostrarse incapaz de responder a la crisis derivada de las tragedias ocurridas en Iguala, Guerrero, y Tlatlaya, Estado de México.

«La desaparición forzada e involuntaria de personas es una grave violación a los derechos humanos, un delito que ha persistido pese a los múltiples señalamientos de organismos nacionales e internacionales de defensores de derechos humanos y a principios de año advertimos la gravedad de la situación por el número de casos y la impunidad que los caracteriza”, agregó la senadora perredista.

En este marco, puntualizó que el Estado mexicano está obligado a tipificar el delito conforme a los Tratados Internacionales de los que es parte, como la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada y la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

De acuerdo con De la Peña, en abril pasado, el Senado fue sede del foro Desapariciones Forzadas o Involuntarias en la Agenda Legislativa del Congreso de la Unión, en el cual que el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Javier Hernández Valencia, resaltó que el informe que el gobierno mexicano había presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU “dejaba mucho que desear ”, pues las investigaciones realizadas no habían detenido y procesado a los responsables, ni tampoco se habían esclarecido tantos casos de denuncias por desaparición forzada de personas.

“En el mismo evento Santiago Corcuera, miembro del Comité Sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, advirtió que la legislación mexicana debe tomar en cuenta que el crimen organizado busca deshacerse de personas en fosas clandestinas, una táctica que no sólo equivale literalmente al borrado de un individuo, sino que en su peor expresión representa una herida permanente, la peor duda: la ubicación final de cientos de víctimas», sentenció.

Finalmente la legisladora del Sol Azteca, lamentó que los llamados, las denuncias y las advertencias que expertos nacionales e internacionales hicieron al gobierno mexicano y al Congreso de la Unión, no encontraron eco y las iniciativas que corrigen el tipo de delito y permitirían reducir drásticamente la impunidad, están detenidas