Ni más ni menos/Joel Hernández Santiago

Extradición o negación

A poco menos de tres meses de que se fugó del Centro de Readaptación Social número 1 de El Altiplano, Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, el gobierno mexicano decidió dar una vuelta de tuerca a su política de extradición y mandó a Estados Unidos a 13 narcotraficantes ‘juzgados y sentenciados’ aquí para ‘ser procesados y juzgados en distintas cortes de Estados Unidos’…

‘Los delitos por los que serán juzgados allá son: narcotráfico, asociación delictuosa, lavado de dinero y homicidio de agentes y ciudadanos estadounidenses’.

Es una decisión muy delicada ésta. De un solo plumazo decide aceptar las solicitudes de extradición hechas por el gobierno de aquel país en distintas cortes de estados de la Unión.

Todavía hace poco se prefería procesar, juzgar y en su caso mantener en reclusorios del país a personas vinculadas con el crimen organizado, el narcotráfico, lavado de dinero… De hecho, hubo la persistente negativa de México para enviar a Estados Unidos a “El Chapo Guzmán”, cosa que no le caía nada bien a las autoridades de EUA y que no dudaban en expresar con toda frecuencia…

Quien fuera Procurador de Justicia de la República, Jesús Murillo Karam, enfrentó las exigencias del gobierno de Estados Unidos que se sentía con derecho a reclamar la extradición del “Chapo”. Reiteradamente les dijo que esto requería un proceso que, naturalmente, se alargaba de tal modo que era una forma de negativa. La madrugada del sábado 11 de julio el reo de tan alta peligrosidad de fugó del reclusorio de alta seguridad…

De inmediato el gobierno de Estados Unidos expresó su indignación por este hecho y de nueva cuenta puso en duda la capacidad del gobierno mexicano para garantizar la permanencia de los reos de los que había pedido extradición. A partir de ese momento la autoridad estadounidense intensificó la presión sobre México para que enviara a los reos solicitados…

Ciertamente lo del miércoles pasado no es una novedad, de hecho las políticas de extradición han funcionado de manera distinta de acuerdo con cada uno de los gobiernos mexicanos.

Según información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, desde el gobierno de Ernesto Zedillo y hasta el mes de mayo de 2015 se ha extraditado a mil 69 personas. El 97 por ciento de ellas a Estados Unidos.

Durante la gestión de Ernesto Zedillo se entregaron 83 personas; con Vicente Fox, 237; con Felipe Calderón, 617 en tanto que esta administración, hasta mayo se habían extraditado a 132: ahora son ya 145. Sí, pero…

La mayor parte de los delitos cometidos por la gran mayoría de los que ahora salen a Estados Unidos  (a la manera de las viejas ‘cuerdas’ que salían hacia las Islas Marías) fueron cometidos en México, aunque impactan en aquel país, el mayor consumidor de enervantes del mundo. Así que el gobierno estadounidense quiere a los mexicanos para castigarlos por delitos cometidos y de los que ya fueron juzgados acá.

Al aceptar México esta decisión asume que, en efecto, tiene problemas de control de reclusorios e incluso de procedimientos legales pues habrán de ser juzgados allá por los mismos delitos.

Sí. Si se ha probado que cometieron estos delitos deben ser juzgados y procesados y sentenciados. Y deben cumplir el procedimiento de “readaptación” en nuestro propio país. Pero Estados Unidos reclama el procedimiento por sentirse agraviado por estos extranjeros y, sobre todo, porque persiste su criterio de que contribuyeron de forma eficiente para su captura.

Esto es: durante varias gestiones de gobierno y de algunos titulares de la Procuraduría Federal, los agentes estadounidenses han tenido una práctica ‘carta blanca’ para operar en nuestro país; incluso para interrogar a presuntos delincuentes antes que la autoridad mexicana lo hiciera. La laxitud e incapacidad de México en esta materia es su pretexto.

Negarse a asumir la responsabilidad es negar sus posibilidades y capacidades. Esto hace el gobierno mexicano que asume que allá serán cuidados, retenidos, juzgados y encerrados si no es que a alguno lo convierten en ‘testigo protegido’. Y se quita un problema de encima.

Lo dicho: Si cometieron los delitos por los que se les acusó y se les juzgó y por los que se les tenía retenidos está bien. Es la ley y hay que cumplirla: todos.

Sí. El gobierno mexicano tiene todas las debilidades que le ‘indicia’ el gobierno estadounidense. Pero una forma de acabar con esto es la de mostrar que la vuelta de tuerca se da en México: se limpian los procedimientos legales de ilegalidades, se regula lo irregular, se ejerce fuerza legal contra la corrupción y la complicidad de forma preventiva y no sólo cuando ya ocurrieron los hechos.

La impunidad, la corrupción y la ilegalidad son los grandes problemas del gobierno para estos casos, como para muchos otros: corregirlos es tarea de gobierno: sacudirse las lagañas y recuperar el aliento para hacer de nuestras leyes y de sus formas de proceder un ejemplo de buen gobierno es su obligación.

Mientras tanto, cualquiera podrá venir a tronar los dedos desde afuera y a exigir lo que acá se debe hacer, pero no se puede…  ¿Podrá el gobierno mexicano? ¿Podrán los gobiernos de los estados y los municipales?