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MÉXICO, DF, 20 de febrero de 2015.- Luego que este viernes el periódico Reforma publicara que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno Federal indagara las cuentas bancarias del Partido de la Revolución Democrática, PRD, en Guerrero como parte de la investigación por lavado de dinero contra el ex Gobernador Ángel Aguirre, la agrupación política emitió un comunicado en el que desmiente estas versiones.
De acuerdo con una denuncia del organismo hacendario presentada ante la PGR el 23 de enero, en 12 meses, el ex líder perredista Carlos Reyes Torres recibió más de 4.5 millones de pesos en sus cuentas y retiró prácticamente todo el dinero, indica el medio.
El organismo hacendario, citando notas periodísticas, recuerda en su denuncia que Servando Gómez, ‘La Tuta’, líder de Los Caballeros Templarios, acusó a Reyes Torres de apoyar al grupo de autodefensas en el Municipio de Tecpan de Galeana avalado por el Gobierno de Ángel Aguirre.
“El Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la RevoluciónDemocrática refrenda su permanente compromiso con la legalidad y ante cualquier investigación de la autoridad competente llamará a los miembros del partido a colaborar en las investigaciones que se estén llevando a cabo”, indica el desmentido.
“Es preocupante que una presunta investigación se haya filtrado a un medio sin que haya terminado y sin tener las conclusiones correspondientes. Por ello es necesario exigir que, de existir dicha investigación, esta sea llevada a cabo de manera imparcial, sin fines políticos, apegadas a Derecho y, de haber responsabilidades por las que los involucrados deban responder, se proceda a iniciar el juicio, en el que debe respetarse el derecho a la legítima defensa. Si al término del proceso la sentencia es condenatoria, la autoridad judicial deberá decidir la sanción”, continúa.
“Somos el único partido que tiene un Protocolo para Fortalecer la Cultura de la Legalidad y la Ética Política, que obliga a todo dirigente y a los afiliados partidarios a comparecer ante la autoridad cuando existan señalamientos sobre presuntas actuaciones fuera de la ley. Insistimos que todas las fuerzas políticas debieran adoptar una posición semejante para asumir, todos, el compromiso de impulsar una nueva ética en la política, la defensa de la legalidad y contribuir a la recuperación de la credibilidad de los partidos políticos y los actores partidarios.