Niños y niñas con derechos

Yo soy yo y mi circunstancia. José Ortega Y Gasset

Seguramente usted, al igual que yo, creció con la idea de que los niños, niñas y adolescentes necesitan ser protegidos porque son vulnerables y que sin la asistencia de un adulto no pueden acceder a todos sus derechos.

Con los avances que México ha tenido en materia de derechos humanos, esta idea ha cambiado. Por ello, el Presidente Enrique Peña Nieto, presentó una iniciativa con carácter preferente, que el pasado 23 de octubre la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones, la cual tiene el propósito de asegurar que niños, niñas y adolescentes disfruten plenamente de sus derechos.

Esta iniciativa de Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes permitirá que todos los niños y adolescentes sean considerados como sujetos y titulares de derechos, y no como “menores” a los que hay que proteger. Este tema es fácil de comprender si prestamos atención al desarrollo de un niño, que conforme va creciendo adquiere mayores habilidades para expresarse y reflexionar, se vuelve más crítico e independiente. Lo mismo ocurre con sus derechos, conforme crece, su capacidad de acceder a ellos por sí mismo se va incrementando.

Este tema, es de la mayor relevancia, porque todo ser humano, independientemente de su edad o su constitución física, es una persona plena que, si bien requiere de protección, es más importante que tenga a su alcance los medios que aseguren su sano y libre desarrollo; y que le aparten de las condiciones que le son adversas, no por ser vulnerable sino porque ese debe ser el destino de toda persona: gozar de plenitud y felicidad.

Por tal motivo, este proyecto de ley, contempla la creación del Sistema Nacional de Protección Integral que reunirá a las principales secretarías del gobierno federal, a otras autoridades y a representantes de la sociedad civil, para que en conjunto diseñen, aprueben e implementen las políticas públicas que en el futuro favorezcan de manera directa a la población infantil.

Dentro de las modificaciones más relevantes realizadas por los Diputados a la iniciativa, se encuentran: la obligación de generar acciones que aseguren el acceso y permanencia de niñas y adolescentes embarazadas al sistema educativo nacional; la obligación en radio y televisión de no difundir información que afecte el desarrollo de niños o que hagan apología del delito en horarios de programación infantil; y la participación de representantes de la sociedad civil con derecho a voz y voto en el Sistema Nacional de Protección Integral, así como de niños, niñas y adolescentes con derecho a voz.

Otro tema que en la discusión resultó ser controvertido, fue la sustitución del término derechos sexuales y reproductivos por el de salud sexual y reproductiva. Aunque pareciera ser lo mismo, este cambio se considera un retroceso porque lejos de reconocer que las personas menores de dieciocho años tienen derechos sexuales, se inscribe este tema dentro del derecho a la salud, lo que pareciera ser un tinte más de protección que de garantizar la autonomía que toda persona debe tener para decidir sobre su propio cuerpo.

Sin embargo, el hecho de que esta redacción quede en estos términos no significa que en México no se reconozcan los derechos sexuales y reproductivos de las personas menores de 18 años, porque la reforma en materia de derechos humanos de 2012, reconoce todos los derechos humanos contenidos en los Tratados internacionales. En otras palabras, los mexicanos no necesitamos que una ley reconozca nuestros derechos, sino que las leyes garanticen mecanismos para acceder a ellos, tal como ocurre en la iniciativa del Presidente Peña Nieto.

Ninguna persona en nuestro país y en todo el mundo, debería padecer las cargas de la desigualdad y la pobreza, en cambio, todos deberíamos contar con las mismas oportunidades que permitan que seamos nosotros mismos quienes decidamos sobre nuestro futuro. La desarticulación de los esfuerzos y el paternalismo, son problemas que poco a poco hemos ido superando y esta nueva ley es prueba de ello, ya que asegurará que los niños, las niñas y los adolescentes, cuenten con un órgano colegiado que se encargará de satisfacer con los recursos del estado, sus necesidades más fundamentales.

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