No más proyectos ecocidas en Quintana Roo, pide perredista Ivanova Pool

MÉXICO, DF., 22 de enero de 2016.- La diputada federal por Quintana Roo del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ivanova Pool, presentó un punto de acuerdo para solicitar al Ayuntamiento de Benito Juárez; al Gobierno del Estado de Quintana Roo y al Ejecutivo Federal por conducto de la Semarnat y Fonatur presenten un informe público pormenorizado de  los diversos permisos y licencias de construcción emitidas por el gobierno local, para los desarrollos inmobiliarios en el Malecón Tajamar y en Punta Nizuc en Cancún.

En el documento, inscrito en la Gaceta Legislativa de la Cámara de Diputados, la legisladora federal expresó su total rechazo al ecocidio del que es objeto el Área Natural Protegida denominada “Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc” con la devastación de manglares y humedales en Punta Nizuc y del Malecón Tajamar.

La secretaria de la mesa directiva dijo que insistirá para que el juzgado segundo de distrito con sede en Cancún, otorgue la suspensión definitiva para frenar la tala masiva del manglar y el relleno de humedales, ante la fauna encontrada viva en la zona, como constataron actuarios del mencionado órgano en su reciente inspección.

Consideró que la delegada de la Profepa en Quintana Roo, Carolina García Cañón deberá ser sancionada de manera penal y administrativa por las omisiones en las que incurrió al permitir que se violara la suspensión que aplicó para evitar la devastación del manglar y por su complicidad al poner en riesgo a varias especies en peligro de extinción.

Ivanova Pool pidió dejar sin efecto la Autorización de Impacto Ambiental otorgada al proyecto promovido por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), debido al incumplimiento de las condicionantes impuestas en dicha autorización y frenar el daño ambiental a estos lugares.

Recordó que el promotor del proyecto ha incurrido de forma reincidente en violaciones a la normatividad por lo que la Semarnat está obligada a revocar la autorización en materia de impacto ambiental y garantizar un freno a la política depredadora impuesta por las autoridades de los tres niveles de gobierno.