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MÉXICO, DF, 4 de febrero de 2015.- Marcelo Ebrard sostiene que la difusión del informe preliminar de la Comisión Especial sobre la Línea 12, y la discusión que se llevó este 3 de febrero en la Cámara de Diputados sobre las fallas y el presunto desvío de recursos federales en la construcción de la Línea Dorada de la cual serían responsables funcionarios del gobierno capitalino, entre ellos él, tiene fines políticos en contra suya.
Ebrard, quien como jefe de gobierno del Distrito Federal inauguró la línea 12 el 20 de noviembre de 2012, acompañado del entonces presidente Felipe Calderón, se declaró dispuesto a cooperar en la investigación, pero defendió su inocencia.
“Que se dicten las medidas necesarias para que tenga un debido proceso. No estoy pidiendo impunidad. Se ve una clara intencionalidad política en contra de mi persona, atropellando los propios procedimientos de la Cámara de Diputados se está actuando con intencionalidad política muy clara”, dijo.
Marcelo Ebrard acudió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a presentar una queja en contra de la Cámara de Diputados. Su presencia causó expectación y reunió a una treintena de representantes de medios de comunicación. Arribó unos minutos después de las 11:00 horas, y se bajó de su camioneta en los carriles centrales de Periférico, y no en la lateral como era lo correcto.
“No me estacioné nomás me bajé”, dijo al respecto.
Explicó que acudió a la CNDH para pedirle al organismo autónomo emitir medidas auxiliares dirigidas para evitar que se afecte su derecho a la dignidad y a la honra, la presunción de inocencia y defensa adecuada, luego de que la semana pasada se filtró el informe de la Comisión.
“Se dio comunicación sin haber sido aprobada de hacerme responsable de todas las fallas y esto fue enviado a todos los medios de comunicación sin haber sido aprobado”, se quejó.
Consideró que la intencionalidad política se vio con la inclusión del tema en la agenda política del primer día de sesiones en la Cámara de Diputados. Ebrard aprovechó para cuestionar al coordinador de la bancada priísta, Manlio Fabio Beltrones, quien negó el 3 de febrero que haya fines políticos en la discusión del tema y que explicó que era necesario hacerlo por los 45 mil millones de pesos que costó la línea, los cuales se perdieron.
“Es falso lo que ayer (3 de febrero) sostuvo el diputado Manlio, que todo ese dinero se perdió, la mitad de la línea está funcionando, en este momento los trenes están circulando, las autoridades correspondientes tendrán que deslindar responsabilidades, pero lo que me están haciendo con toda seguridad es un juicio político”, afirmó.
“Pocas veces en la historia de México se ha visto una cosa así, que el que elabore el informe de a conocer a los medios antes de los resultados y al de la voz no se le escucha, apenas el viernes [6 de febrero] me van a recibir, evidencia una intencionalidad política. Por esto estoy aquí”, dijo Ebrard.
Aseguró que ni la Secretaría de la Función Pública ni la Procuraduría General de la República (PGR) lo han citado para que declare sobre la Línea 12.
“Ellos tienen la PGR. Si hay un delito por qué no me han llamado, no hay delito lo que hay es interés político”
Para reforzar su argumento de que hay intencionalidad política dijo que pasaron 11 meses después del cierre de la Línea 12 para iniciar un procedimiento contra él.
“Yo lo que veo es parcialidad y quiero aclarar que la Línea 12 va a funcionar este año según lo dicho por el jefe de gobierno (Miguel Ángel Mancera)”.
Descartó que detrás de la intencionalidad política en su contra esté también Mancera.
“No, no creo que pueda manejar la Cámara de Diputados, la Asamblea sería acaso y es la de diputados, no es su partido, el PRI”, expresó.
El 28 de enero se filtró un informe preliminar de la Comisión que revelaba que había una posible constitución de delitos como uso indebido de facultades, ejercicio abusivo de funciones y peculado que involucraba, entre otros personajes, al ex jefe de Gobierno.
El 1 de febrero Ebrard acudió a la Cámara de Diputados a la reunión de la comisión, intentó tomar la palabra y el micrófono que usaba fue apagado. Buscaba exponer su versión de los hechos, y se quejaba que no había tenido derecho de audiencia.
El 3 de febrero el presidente de la comisión, el priísta Marco Antonio Calzada solicitó a las procuradurías General de la República, General de Justicia del DF (PGJDF) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) indagar la ejecución de la obra y consignar si así fuera el caso a los ex funcionarios y empresarios responsables de delitos federales y fraude. Pero también la Cámara de Diputados acordó darle audiencia a Ebrard el 5 de febrero a las 17:00 horas.