Nuevo Sistema de Justicia Penal cubre a más de 70% de la población: PGR

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de febrero de 2016.- Con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en Aguascalientes, Colima, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo, Tabasco y la Ciudad de México, el Nuevo Sistema de Justicia Penal en el ámbito federal ya cubre a más de 70 por ciento de la población, manifestó la procuradora Arely Gómez González.

Durante la ceremonia de entrada en vigor de la Quinta Etapa del Nuevo Sistema de Justicia Penal, Gómez González destacó que este nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales ya se encuentra vigente en 24 demarcaciones del país.

Reiteró que la instrumentación del Nuevo Sistema de Justicia Penal es una prioridad nacional, cuyo objetivo es tener una justicia pronta y expedita para todos los mexicanos.

Enlistó las bondades y beneficios del nuevo Sistema: igualdad de las partes involucradas y el mayor protagonismo de las víctimas u ofendidos en el proceso, ya que se privilegiará la reparación del daño causado; el respeto al principio de presunción de inocencia a favor del imputado, lo que garantiza la prevalencia de los derechos humanos; la valoración de la libertad dentro del proceso y el irrestricto respeto a la dignidad de todas las personas.

Asimismo –dijo– se garantizará una mayor seguridad jurídica de los ciudadanos frente a la actuación de las instituciones que integran el Sistema de Justicia Penal Mexicano, teniendo como ejes rectores el respeto de los derechos humanos y el acceso a la justicia.

Además, refirió que la apertura a la sociedad impedirá espacios de opacidad en los que se pueda cometer un acto de corrupción dentro de los procedimientos penales.

“Si bien, la adopción de un Código Nacional de Procedimientos Penales representa enormes beneficios para los destinatarios de la norma penal y futuros operadores del proceso penal, también involucra otros grandes retos, fundamentalmente en el ámbito institucional”, refirió.

Agregó que no basta contar con mejores normas, operadores y sistemas informáticos, pues dijo, se debe recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, “por ello, todas las instituciones que conforman el sistema de justicia penal se ven obligadas a elevar la capacidad profesional para ser más eficientes, eficaces y transparentes, al tiempo de poner en práctica principios y valores éticos en el desempeño cotidiano de sus funciones”.