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MÉXICO, DF, 7 de diciembre de 2014.- Pese a que la Ley Federal de Telecomunicaciones tipifica la información que debe ser pública, los sujetos obligados del sector se resisten a cumplir con ese mandato, lo que inhibe la competencia y genera conflicto de intereses en el otorgamiento de concesiones, afirmó el comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), Oscar Guerra Ford.
“Y esta opacidad puede llevar consigo el propio harakiri de la reforma en telecomunicaciones. Ocultar información sobre concesiones y licitaciones es inhibir la competencia y regresar al otorgamiento de concesiones bajo esquemas de presión, a veces de corrupción y de conflicto de intereses”, advirtió.
De acuerdo a un comunicado de prensa, al participar aquí en el 9º Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos, en Guadalajara, Jalisco, Guerra Ford insistió en que la única manera de evitar la competencia desleal en el otorgamiento de concesiones de telecomunicaciones es poner la información al mismo tiempo, en el mismo lugar y bajo las mismas condiciones para todos los interesados, sean o no inversionistas.
“Porque la gente lo que quiere saber es cómo se toman las decisiones, cuáles son las explicaciones para adjudicar, por ejemplo, un canal de televisión a determinado agente económico”, indicó.
En la mesa Reforma en Telecomunicaciones: Debate y Perspectivas, el comisionado del IFAI agregó que este sector se vuelve muy importante en la vida cotidiana de las personas, pues se trata también de tecnología que permite estar cerca de la cultura y la educación, de forma más sencilla.
“El que no tengamos información de calidad del servicio que se recibe, lleva a tener un sector poco competitivo, con mal servicio y altas utilidades, que para el empresario es el mejor mundo posible”, sostuvo.
Oscar Guerra Ford concluyó que el éxito de la reforma en materia de telecomunicaciones estará en función del manejo de los mecanismos de transparencia y de acceso a la información oportuna y verídica.
En la mesa participaron, además, Natalia Mendoza Servín, Manuel Rojas Munguía y Miguel Ángel Sigala Gómez, catedráticos de la Universidad de Guadalajara; Raúl Armando Canseco, del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la CDHDF, y Diana Carolina Luna, secretaria de la Coordinación de Transparencia y Archivo General de la U. de G., quien moderó el debate.