Ofrece PGR 1.5 mdp para encontrar a secuestrados entre 2011 y 2014

MÉXICO, DF., 21 de octubre de 2015.- Con el objetivo de localizar a personas secuestradas entre 2011 y 2014, la Procuraduría General de la República (PGR) ofreció una recompensa de 1.5 millones de pesos a quien proporcione información, además de otorgar la misma cantidad para quien dé datos que ayuden a dar con el paradero de las víctimas.

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, la PGR aún no ha logrado ubicar a estas personas, por lo que lanzó esta convocatoria para que la sociedad aporte información sobre estos casos.

La PGR ofrece la recompensa por la localización de cada una de las víctimas y aparte un monto similar por los datos que se proporcionen para ubicar al o los responsables del secuestro, aclaró en el Acuerdo publicado.

«La participación de la sociedad en el combate a la delincuencia debe realizarse de conformidad con lo dispuesto en la ley y, adicionalmente, en condiciones tales que incentiven la colaboración con la procuración y administración de justicia, con la mayor seguridad para las personas y familias de quienes presten auxilio a la autoridad», aseguró la dependencia federal.

Entre las víctimas está Ivette Melissa Flores Román, secuestrada el 24 de octubre de 2012, en el Municipio de Iguala, Guerrero.

El 11 de abril de 2014, la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos (UEITMPO) dependiente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), inició una investigación por los delitos de secuestro y los que resulten por ese caso.

El 17 de agosto de 2013, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en materia de Secuestro (UEIDMS) dependiente la SEIDO, inició una investigación por los delitos de secuestro y los que resulten, en agravio de Janik Rodríguez Martínez y María del Carmen Martínez Aguilera, plagiadas en la misma fecha en Zitácuaro, Michoacán.

Otros casos son el de Edder Axel de Anda Mojica, secuestrado el 10 de septiembre de 2011, en San Julián, Jalisco; y el de Edilberto Florentino García Salazar, el 8 de junio de 2011, en Orizaba, Veracruz, hechos investigados también por la SEIDO.