El agua, un derecho del pueblo
De Veracruz nos llegan, una vez más, notas de cómo se las gastan o bailan por allá. Y no precisamente por la entrada del carnaval.
Dos casos funestos llaman la atención y en ambos la exigencia de justicia es generalizada. Por un lado, el secuestro de cinco jóvenes en Tierra Blanca y la aparición de restos óseos que han confirmado la identidad de dos de ellos; por el otro el plagio, en su propia casa, y posterior asesinato de la reportera Anabel Flores Salazar, especializada en temas policiacos.
Ante ello, el Comité para la Protección de los Periodistas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exigieron al Gobierno localizar a la periodista Anabel Flores Salazar y brindar protección a sus hijos. También condenaron el hecho de que en un primer comunicado la Fiscalía de Veracruz haya vinculado a la víctima con la delincuencia organizada sin haber realizado las investigaciones.
Para las autoridades veracruzanas cada vez que desaparece, secuestran o matan a un reportero, fotógrafo o periodista, la primera línea de investigación que levantan es vincular al informador con organizaciones criminales o de andar en pasos dudosos, sin verse ante el espejo y es el clima de violencia e impunidad el que lleva a esos extremos.
Cierto: entidad desde hace algunos años es controlada por una de las bandas criminales más sangrientas, los llamados Zetas que cometen toda clase de actos violentos; como cierto es que por allá se registra el índice más alto de homicidios de profesionales de la comunicación, muy por encima de Tamaulipas, Guerrero o Michoacán.
Algunos datos del Comité para la Protección de los Periodistas ilustran el hecho: asegura que Veracruz es en una de las regiones más peligrosas para la prensa en todo el mundo y allá se limitan los derechos de los ciudadanos a acceder a información vital sobre el crimen y la corrupción.
Así, de los once periodistas muertos en México desde 2011, seis fueron asesinados o habían trabajado en Veracruz, según una investigación realizada por el citado Comité, que, reveló, investiga, además, el asesinato de al menos otros siete periodistas en aquel estado.
Anabel, de 32 años era madre de dos pequeños. Sus familiares relatan que cubría información policíaca para el diario El Sol de Orizaba y colaboraba con otros periódicos. Fue secuestrada en su hogar en el municipio de Orizaba por hombres armados que alegaron tener una orden judicial para su arresto. Quienes la conocieron la calificaron como una reportera incisiva que indagaba sobre la delincuencia organizada, motivo que no implica estuviera involucrada con la misma y de ahí la exigencia de que se investigue a fondo antes de criminalizar.
Los diarios informaron esta mañana que el cuerpo de la reportera veracruzana Anabel Flores Salazar, apareció en Puebla, atada de los tobillos y con huellas de tortura. La necropsia indica que murió por asfixia. Los restos de la comunicadora fueron localizados por autoridades de Puebla en la carretera Cuacnopalan–Oaxaca, a 15 kilómetros del estado de Veracruz.
Durante el gobierno de Duarte de Ochoa, quien tomó posesión en 2010, al menos 15 periodistas han sido asesinados y tres más están desaparecidos. Su gobierno ha sido criticado por insinuar que dichos periodistas tenían vínculos con el narcotráfico o fueron víctimas de delitos comunes. No es que Duarte los mande matar, sino que voltea hacia otro lado ante los graves problemas imperantes en la entidad que gobierna, como lo es también el secuestro de jóvenes a manos de policías estatales.
Sobre el caso de los jóvenes levantados o secuestrados se informó ayer que dos de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, el pasado 11 de enero, fueron hallados muertos en un rancho del municipio de Tlalixcoyan, Veracruz, según un comunicado de la Secretaría de Gobernación.
De verdadero horror el dato de que en el rancho dónde fueron localizados los restos de dos de los jóvenes desparecidos, se encontraron osamentas de al menos 14 personas más. Es decir que el sitio era un lugar de cautiverio, tortura y ajusticiamiento de víctimas de criminales sangrientos.
En una reunión con familiares de los desaparecidos, la Fiscalía General de aquel estado, con apoyo de la Comisión Nacional de Seguridad, presentó avances de los trabajos de búsqueda.
En un comunicado, la Segob informó que notificó a los familiares que, tras la ubicación y aseguramiento de un rancho, en Tlalixcoyan, expertos en materia forense y criminalística de la División Científica de la Policía Federal desarrollaron un exhaustivo análisis mediante el cual se corroboró que en ese sitio se desarrollaban diversas actividades ilícitas, y se comprobó el hallazgo de los restos de dos de las víctimas.
En ese lugar “se levantaron indicios de que se manipulaban drogas, manejaban equipos empleados para alterar vehículos, almacenaje ilegal de hidrocarburos, así como otros ilícitos”, señaló la dependencia.
Además, perros entrenados para la localización de personas manejados por la Policía Federal “marcaron de manera certera varios puntos donde los peritos recolectaron restos óseos, así como manchas hemáticas, los cuales fueron sometidos a un riguroso análisis genético”.
Los familiares no están del todo convencidos de que los restos encontrados correspondan a los de sus hijos. Normal en todo padre llegar a las últimas evidencias, pues se alberga la esperanza de que estén vivos y seguro no cejarán en su empeño de buscarlos. La autoridad tiene que ser muy convincente en sus afirmaciones, pero más aún en sus investigaciones y lograr, en ambos casos, la captura de los perpetradores.
De los secuestradores de los jóvenes están ya detenidos siete policías estatales que se presume los entregaron al crimen organizado que opera en la región. De sus declaraciones ministeriales nada hemos sabido. Del lamentable levantamiento y posterior asesinato de Anabel sabemos que fueron hombres con uniformes policiacos, vehículos con características similares a los que estos usan, por lo que se puede pensar fue el crimen organizado clonando uniformes y unidades.
Se debe llegar al fondo y Duarte debe responder.