Ológrafo/ Víctor Manuel Juárez

El principal estado del Golfo de México en la mira

En la mira de todos se encuentra Veracruz, la entidad más importante del mar que mira a Cuba y más allá a Europa. Ello no sólo por las próximas elecciones donde habrá de renovarse la gubernatura, sino por el accionar del gobernador próximo a salir metido en más de mil problemas que tienen de cabeza a su desgobernado estado.

La de Javier Duarte ha sido una pésima administración enmarcada en un nulo gobierno. Con problemas que van desde cuantiosos desvíos de recursos que lo han enriquecido explicablemente, hasta profundos y graves conflictos de inseguridad, que se ha traducido en fuertes mermas a la productividad.

La entidad, antes conocida por sus paradisíacos lugares turísticos, su gastronomía inigualable, su producción petrolera y pesquera, por sus palmeras borrachas de sol, es hoy en día el lugar más inseguro del país para ejercer el periodismo y ser joven. Las cifras están ahí.

El lunes vimos en vivo a través de la pantalla de Milenio Televisión (¿cuánto le habrá costado? o tal vez pensaron que anunciaría su renuncia) una triste conferencia de prensa donde el mandatario veracruzano, arropado por sus fieles y familiares, dio una patética y lamentable defensa de sus actos en donde aseguró –palabras, palabras menos

“Estoy con las manos limpias. Todos los recursos observados por la Auditoría Superior de la Federación se han destinado y aplicado en actividades propias de la gestión pública. Se han destinado para darle resultados a los veracruzanos”.

De inmediato la Auditoría Superior de la Federación (ASF) demostró en diversas publicaciones que uno de cada tres pesos es malgastado por Duarte, a quien no quieren ni ver ni tomar café en la emblemática cafetería del Puerto de Veracruz, La Parroquia.

El diario Reforma en su primera plana del martes 1 de marzo, dice: “las anomalías brotaron en todos los fondos según los auditores: salud, educación, seguridad pública, infraestructura, lo que lo coloca como el estado que peor ejerció los recursos federales.

En su informe de revisión a la Cuenta Pública de 2014, la ASF tomó como muestra 40 mil 619 millones de los 55 mil que la Secretaría de Hacienda entregó a la entidad como transferencias condicionadas o gasto federalizado programable. Especifica que el monto ejercido sin apegarse a la Ley asciende a 14 mil 47 millones de pesos. O sea que ni lo dicho, ni las cuentas dadas por Duarte se empatan con lo observado por la ASF, que sostiene que el mayor grado de irregularidades se da en el gobierno del estado. Ahí uno de sus grandes problemas que lo tienen al borde de la tablita.

Otro más obedece a que su desgobierno tiene al PRI a punto de perder uno de los estados más importantes en materia de captación de votos, si Veracruz se pierde frente a los opositores se iría también la llamada reserva electoral del partidazo. De ahí que el líder del tricolor, Manlio Fabio Beltrones lo haya llamado a cuentas y leído la cartilla, al tiempo que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong lo regañó y le hiciera ver el daño que le causa, no sólo al partido en el poder, sino a la federación.

Se entiende, entonces, el por qué los dos candidatos al gobierno de Veracruz, Héctor Yunes Landa, por PRI Verde Panal PT y dos partidos locales más y el otro su primo hermano Miguel Ángel Yunes Linares por PAN PRD, han enfilado sus baterías contra el desgobierno de Javier Duarte. Hay tela de donde cortar y mucho que enarbolar. Cómo extrañan los veracruzanos la gestión de quien ha sido el mejor gobernador de ese estado tan golpeado, Fernando Gutiérrez Barrios, sí mano dura, pero certera.

Pero el problema que más preocupa y ocupa a los veracruzanos, de norte a sur y de oriente a poniente, es el de la inseguridad: los asaltos en carretera, los secuestros, los cobros de piso, los muertos y más muertos que aparecen en fosas clandestinas.

Así, el gobierno federal prevé enviar a más de 500 elementos de la Gendarmería para reforzar las acciones de seguridad ante la ola de crímenes y las protestas de los ciudadanos que no la ven llegar frente a los actos cometidos por el crimen organizado, la infiltración y corrupción de las policías estatales, que lejos de proteger se han convertido en un brazo armado de estos, como lo evidencia el caso de los cinco jóvenes levantados y posteriormente entregados a los delincuentes.

Los números, hasta el 2015, indicaban 100 desapariciones forzadas en la administración de Duarte, 75 feminicidios y 17 periodistas asesinados.

A la fecha la suerte de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca es incierta.

Todo parece indicar que luego de ser secuestrados por policías estatales, fueron entregados al crimen organizado para ser ejecutados y posteriormente enterrados en los baldíos de un rancho.

Los padres no han abandonado la búsqueda, pero todo parece indicar que el desenlace será fatal. Las indagaciones hasta ahora apuntan a una posible venganza. ¿Venganza? De quiénes y por qué, si los desparecidos eran estudiantes que sólo andaban de fiesta y tuvieron la mala suerte de toparse con unos policías estatales que estaban para protegerlos, no para secuestrarlos.

Hoy sabemos, a través del subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifraín, que uno de los policías confesó que los jóvenes fueron ultimados. El funcionario de Gobernación aseguró que el caso sigue abierto y se llegará a las últimas consecuencias. ¿Será?

Hay siete detenidos, todos policías estatales que pese a los interrogatorios no han dicho la verdad de los motivos y menos para quienes trabajan. ¿Miedo, corrupción o infiltración? De muchos es sabido que la entidad es disputada por tres cárteles: Los Zetas, el Cartel Jalisco Nueva Generación y el del Golfo. Todos en pos de las rutas, los puertos y las playas por donde se trasiega la cocaína proveniente de Colombia.