Ológrafo/ Víctor Manuel Juárez

Sociedad, obligada a condenar abuso infantil

En las series televisivas (Unidad de Víctimas Especiales) la mayoría de los depredadores sexuales que comenten abusos en contra de los menores de edad, provienen del mismo seno familiar y de aquellos a quienes confiamos el cuidado de nuestros hijos. En la vida real también. Sólo que en la tele los casos se resuelven en minutos y con finales felices y en la cruel realidad llevan tiempo y no siempre con remates satisfactorios.

No hay fibra más sensible al interior de cualquier sociedad que el abuso perpetrado contra los pequeños, más aún si es de índole sexual y si se trata de nuestros hijos, nietos o sobrinos. Nos mueve todo, principalmente los sentimientos de ira, odio y deseo de venganza. O por lo menos la aplicación de la justicia eficaz y expedita.

Las cifras al respecto son imprecisas pues en la mayoría de los casos, los pequeños por razones propias de su edad no pueden o no saben cómo explicarlo ante sus padres, mucho menos aún denunciarlo ante las autoridades judiciales. Una psicóloga de niños me explicó –comentando con ella el caso del kínder Matatena, que tanto ha indignado a la sociedad— que la obtención de una declaración clara y lo más allegada a los hechos, implica meses de tratamiento y sesiones con el menor, que bien a bien no sabe lo que le pasó, mucho menos detallarlo.

He señalado en torno al caso que no debemos hacer nuestras propias conclusiones con las pocas evidencias que hay, que es menester esperar el trabajo y los peritajes de las autoridades judiciales antes de enjuiciar y condenar a la hoguera pública a los presuntos culpables. Creo por lo que se ha dicho en los medios, pero sobre todo en las redes sociales, que el caso ya lo han cerrado y juzgado los opinadores internautas.

Empero, falta mucho por hacer para saber la verdad y exigir, de ser culpables, todo el peso de la justicia en contra de los presuntos culpables. Pero y si no. Si resulta que hubo confusiones, errores de juicio y, sobre todo, prejuicios y malos entendidos. 

Según algunas cifras recogidas por algunos diarios, en México es en los menores de 15 años donde se centra el 37 por ciento de los abusos sexuales, y de estos en el 60 por ciento de los casos la víctima tiene alguna relación con su agresor ya sea familiar o amistosa, o peor aún los mentores a quienes confiamos el cuidado y educación de nuestros menores, según revela nota publicada en El Financiero.

De igual manera el matutino Reforma reveló que en lo que va del sexenio, la Administración Federal de Servicios Educativos de la Ciudad ha recibido 329 denuncias de posible abuso sexual en escuelas, de las cuales en 156 casos detectó indicios de agresión. Luis Ignacio Sánchez, titular de la dependencia, informó que estas acusaciones se desahogaron en la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil. Ello significa que, en menos del 60 por ciento de posibles casos de abuso, sólo en la mitad se pudo acreditar la agresión.

Las cifras mencionan que en el año 2013 se recibieron 104 denuncias, de las cuales en 44 se encontraron indicios de agresión; al siguiente año hubo 126 casos, con indicios en 55, y para 2015 se registraron 93 acusaciones con 54 indicios. En lo que va del presente año suman 6 denuncias con 3 casos comprobados.

“Ésos son los datos reales del asunto de las denuncias que tienen que ver con algún tipo de abuso sexual en las escuelas de la Ciudad de México”, añadió. Los casos, precisó Sánchez, engloban tanto los planteles públicos como los privados.

El funcionario indicó que algunas de las denuncias ya fueron resueltas y otras continúan en investigación, aunque sin detallar las cifras; tampoco precisó en cuántas de ellas los agresores han sido consignados.

El mismo funcionario público reconoció que como resultado de los abusos en el kínder Matatena, en la Delegación Benito Juárez, los protocolos de prevención de abuso sexual en los planteles no han funcionado, como tampoco han procedido más del 50 por ciento de las denuncias de posibles abusos sexuales. Quiere decir que la justicia tiene frente así un enorme desafío en instrumentar verdaderos protocolos que eviten, neutralice o inhiban éste tipo de actos criminales en contra de criaturas que confían en los adultos que están en su entorno. Falta mucho por hacer en cuanto a la preparación de más y mejor personal para atenderlos, escucharlos y entenderlos.

Si el caso Daphne, la jovencita veracruzana violada por un grupo de jóvenes ricos y poderosos  políticamente de Boca del Río Veracruz,  nos ha indignado y muestra lo complicado del proceso, pues están en juego las palabras de la víctima y los victimarios, las de sus padres  que se contraponen y contradicen, se acusan y se desmienten, dando poca claridad a los hechos, aun cuando se trata de jóvenes preparatorianos y universitarios en el uso cabal de sus funciones cognoscitivas; el asunto de los menores del kínder Matatena es más confuso y difuso.

Hasta el pasado 25 de abril, los padres de los menores que presuntamente sufrieron abuso sexual pidieron a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que inicie también una investigación en contra de cinco maestras y la directora de la escuela, y no solamente contra el esposo y presunto culpable de los abusos. Los mismos padres han solicitado de la autoridad más pruebas psicológicas a los menores para ver si fueron ultrajados.

Es de recordarse que el pasado 8 de abril en las oficinas de la PGJDF se recibieron cinco denuncias por presunto abuso infantil en el citado kínder, ubicado en Mixcoac. Así se inició una investigación en contra de Rafael Duarte, esposo de la dueña del centro escolar y a quien los niños señalan como el responsable de abominables hechos.

Empero, hasta ahora los exámenes periciales dicen que “hay indicios de probabilidad” de que el delito se haya cometido, sólo que los menores no presentan afectaciones psicológicas, mientras que en el quinto caso no hay señal alguna de abuso infantil.

Y lo peor del caso, el mismo abogado de las familias afectadas ha señalado que el personal de la PGJDF no está capacitado para realizar las pruebas y exámenes a los menores. Es de considerarse que hablamos de niños de dos a cinco años a quienes hicieron esperar hasta más de diez horas para un interrogatorio de 20 minutos. Los pequeños estaban totalmente cansados y estresados.

Así, resulta muy difícil llegar a la verdad.