Ológrafo/ Víctor Manuel Juárez

Por más que se insista en redes sociales, en marchas y manifestaciones diversas dentro y fuera del país, las líneas de investigación exigidas en el multicrimen de la Colonia Narvarte que llegan a Xalapa, Veracruz no involucran al gobierno de Javier Duarte, ciertamente un mandatario en cuya entidad el ejercicio del periodismo es práctica de algo riesgo, pero del que no hay evidencias claras de ser autor intelectual del homicidio.

Todo parece indicar que la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) concluirá en que el móvil del multihomicidio obedece a un crimen perpetrado por narcomenudistas, es decir las malas amistades que cultivó la joven colombiana en su corta estancia en México. Todo ello con base a las filtraciones e informaciones hechas llegar al medio impreso que han privilegiado y desde donde se ha criminalizado a las víctimas de tan terrible hecho.

La cosa es que de ser así, el gobierno capitalino tendrá que aceptar que opera en la ciudad capital el crimen organizado y que éste a su vez alimenta a diversas bandas de narcomenudistas, sino de dónde se nutren quienes venden al menudeo diversos estupefacientes en el corredor comercial que va de la Condesa a la Roma y Zona Rosa.

Así y con el fin de satisfacer la demanda de los políticamente correctos en redes sociales y nuevas organizaciones defensoras de la libre expresión, el gobierno federal, en apoyo a las administraciones del Distrito Federal y de Veracruz y para ayudarles a sacar las castañas del fuego, anunció en días pasados:

“En la investigación del múltiple homicidio de la colonia Narvarte, entre cuyas víctimas están el foto-periodista Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera, no se descarta ninguna línea de investigación”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, Roberto Campa, dándole oxígeno y tiempo al caso que se le enreda cada vez más a las autoridades capitalinas.

El funcionario dijo que el gobierno de la República condena las agresiones y ataques que se han cometido en contra de periodistas y defensores de los derechos humanos en el país. En entrevista colectiva con los reporteros que cubren la fuente de Gobernación, Campa apuntó que se mantiene estrecha colaboración con el gobierno de la ciudad de México, a fin de lograr el esclarecimiento del caso.

De tal forma, personal de la Procuraduría capitalina se trasladó al estado de Veracruz con el fin de tomarles declaración a funcionarios y ex funcionarios de la administración de aquella entidad, mientras tanto en un nuevo comunicado el gobierno de Javier Duarte se deslindó de los macabros hechos ocurridos en un departamento de la colonia Narvarte, en el Distrito Federal.

Al momento y luego de más de 15 días, no hay indicio alguno que apunte a Javier Duarte y sus allegados de tan terrible hecho. Sí, deja claro que Veracruz se suma a Michoacán, Guerrero y Tamaulipas como entidades de muy alta peligrosidad para la práctica del periodismo. Nada más.

Y tocante a las autoridades del Distrito Federal que en lugar de estar tras los malandrines, ahora abocaran sus energías y recursos a la caza de automovilistas ingenuos o distraídos, como lo deja ver el nuevo Reglamento de Tránsito que entrará en vigor el 17 de diciembre. Las nuevas disposiciones tienen como objetivo ver por el bienestar del peatón, cosa plausible pues los autos invaden ya aceras, banquetas y los ríos de lámina se largan por las arterias. Las multas serán más severas y costosas.

Empero, una rápida hojeada al mismo Reglamento de Tránsito del DF lleva a diversos cuestionamientos: se suprime la vuelta continua a la derecha, lo que sin duda permitía darle mayor fluidez al tránsito; usar un móviles al conducir ya sea para texto o llamada, punto correcto pues son muchos, en su mayoría muchas, los que van chateando y conduciendo a la vez y eso distrae; no contar con seguro con cobertura a terceros sí es de una gran irresponsabilidad; la velocidad en vías primarias baja de 70 kilómetros por hora a 50, lo cual es absurdo pues en esta ciudad el promedio de velocidad es de 40.

Otros: que tanto conductores como pasajeros deben utilizar los cinturones de seguridad me parece correcto pues se evitarán muchas muertes y lesionados; se castigará a quien toque el claxon en embotellamientos, lo que es un absurdo, pues la mayoría los provocan los mismos agentes de tránsito que actúan descoordinadamente e cruceros conflictivos: es a ellos a quienes debería de multarse por no hacer bien su trabajo; no ceder el paso al peatón también será motivo de castigos económicos, pero cuándo éste cruce a media calle o con el semáforo en rojo sólo se les llamará la atención, o sea…, otro despropósito.

Se castigará al automovilista que circule por ciclovías o banquetas. Bien, pero cuando los ciclistas circulen por la vía asfáltica confinada a los autos no se les castigará ni llamará la atención; sancionar por insultar a los agentes de tránsito u a otros conductores me parece de risa pues nadie se meterá con los taxistas, microbuseros y demás chafiretes públicos que se llevan las palmas en cuanto a mentadas de madre y señas que profieren.

Veremos si pueden alcanzar para multar a los motociclistas que circulan entre carriles o sin casco o con niños menores de doce años, pues es el pan de cada día y no se darán abasto. En tanto que a los ciclistas, quienes en su mayoría cometen toda clase de imprudencias, las mismas que realicen sólo serán objeto de amonestaciones verbales.

Ya desde ahora muchos se preguntan ¿en verdad con estas nuevas sanciones mejorará la movilidad en la gran ciudad o sólo servirán para que las “mordidas” sean más feroces, o bien los dineros para la caja chica, con miras al 2018 y el deseo de ocupar Los Pinos, aumentarán?