Matan al exsecretario de Seguridad Pública de Mazatlán, Juan Ramón Alfaro
MÉXICO DF, 3 de febrero de 2015.- La senadora panista, Laura Rojas, integrante de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, consideró que el anuncio hecho por el presidente Enrique Peña Nieto sobre el combate a la corrupción llegó tarde por 25 meses, ya que pese a que fue uno de sus compromisos de campaña, “el Gobierno le empieza apenas a dar importancia a la agenda de anticorrupción”, acotó.
«Después de mucha presión de la opinión pública y de los ciudadanos empieza a reaccionar y el mensaje que dio el día de hoy sobre instruir a la Secretaría de la Función Pública para investigar sobre un probable conflicto de interés en relación a la llamada ‘Casa Blanca’, ese mensaje es aún peor todavía”, reiteró la legisladora, ya que dijo, esta indicación da la impresión de que la Función Pública no se mueve hasta que el presidente lo decide.
Respecto al nuevo nombramiento, Rojas Hernández, manifestó que el nuevo nombramiento es poco confiable pues subrayó, se trata de un funcionario nombrado por el Ejecutivo Federal.
“Por eso tan importante la aprobación del famoso Sistema Nacional Anticorrupción, en donde tengamos contralores designados por un ente externo que no sea el presidente o el gobernador, que los contralores sean sometidos a un proceso de certificación y de profesionalización y de un montón de cosas que estamos proponiendo como parte del sistema”, destacó la panista.
Por su parte el senador perredista Zoe Robledo, sentenció que el Ejecutivo Federal dio el importante `primer paso` para abordar el tema de conflicto de interés ya que en México no existe legislación ni normatividad que nos permita determinar la existencia de un conflicto de interés.
“La acción ejecutiva del Presidente de pedirles a todos los funcionarios públicos que hagan, junto con la declaración patrimonial en mayo, presenten su declaración de interés yo lo veo como un buen paso”, precisó el senador del sol azteca.
Sobre la creación de una unidad fiscalizadora de la Secretaría de la Función Pública mencionó que aunque puede funcionar, no habrá una modificación de la conducta de los servidores públicos hasta que se cuente con una ley, una obligación jurídica como lo es la declaración patrimonial en materia de declaración de intereses y con un formato que realmente se apegue a los estándares internacionales.
Finalmente sobre el nombramiento de Virgilio Andrade Martínez como secretario de la Función Pública, comentó que el personaje goza de buena fama pública y tendrá que avalarlo en sus hechos y en sus acciones.